En el gobierno de Javier Duarte la policía estatal de Veracruz ejecutaba “juicios sumarios”. Sin ningún contrapeso, sin abogados, fiscales ni jueces de por medio, detenía a jóvenes bajo la “sospecha” de que pertenecían al crimen organizado y tras “corroborarlo” – bajo la única apreciación de los propios uniformados y sus jefes – los desaparecía.

Así lo señala la imputación por desaparición forzada que hizo la Fiscalía de Veracruz en contra de 19 exelementos y elementos de la Policía Estatal, entre los que se encuentra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Duarte.

Las desapariciones no eran casos aislados o resultado casual de la actuación de algún policía corrupto. La Fiscalía señala que era una “política institucional pero clandestina” de supuesto combate al crimen organizado, bien estructurada, donde incluso había partes informativos en los que se reportaban los aseguramientos.


Eran informes internos que siempre se ocultaron a las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.

Bajo este modus operandi la Fiscalía logró documentar 15 casos cometidos en seis meses, durante 2013. Animal Político presenta ahora la tercera parte de la descripción, caso por caso, de la identidad de la víctima, la fecha y lugar de su desaparición, y la forma en que fue detenida ilegalmente. La primera y segunda parte de este recuento puede consultarse en este mismo portal.

Los casos descritos en esta tercera parte se registraron entre el 23 de junio y el 3 de octubre de 2013. Se presentan cronológicamente:

Víctimas: Carlos Alberto Ruiz Barbadillo y Humberto Ruiz Arcos
Edad al momento de su desaparición: No precisada

El 23 de junio de 2013, a las 22:40 horas aproximadamente, elementos de la Fuerza de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública (uno de los dos agrupamientos de la policía estatal que intervenía en las desapariciones forzadas) detuvieron a Carlos Alberto y Humberto en la avenida Ciudad de las Flores, colonia Revolución en Xalapa.

Las víctimas iban a bordo de un taxi placas 5478XCY, conducido por Carlos, el cual era manejado “de forma sospechosa”, según el parte de novedades interno elaborado por los policías que detuvieron a los jóvenes. El informe, como era común en esto casos, sugería un hallazgo que supuestamente confirmaba el vínculo de los detenidos con el crimen organizado. En este caso teléfonos con supuestos mensajes con movimientos de la policía.

Tras un supuesto interrogatorio, cuyos resultados fueron asentados en el referido informe, Carlos habría reconocido que era informante de “Los Zetas”, mientras que Humberto supuestamente señaló que estaba aprendiendo a realizar también esa función.

Pero ni Carlos ni Humberto fueron llevados por los policías ante la PGR, o ante alguna agencia del Ministerio Público para ser investigados. Por el contrario, la instrucción superior que recibieron fue llevar a los jóvenes al “punto de entrega”, y a las 11 y media de la noche quedaron a disposición del comandante José López Cervantes, con indicativo “Black”, de la Fuerza Especial de la policía estatal (el otro agrupamiento del policía involucrado en las desapariciones).

Ese es el último rastro que se tiene de Carlos Alberto y Humberto. Ninguno de ellos volvió a su domicilio. De su captura no se notificó nunca a alguna agencia del Ministerio Público local o Federal, ni al Poder Judicial.

Con motivo de la desaparición de ambos jóvenes, la entonces Procuraduría estatal inició una carpeta de investigación por el caso y, ante la sospecha de que hubiera policías involucrados, el Ministerio Público giró un oficio en julio de 2013 al entonces subsecretario de Seguridad Pública “A”, José Nabor Nava Holguín (hoy prófugo de la justicia), para que reportara si tenía registro de la detención de Carlos y Humberto.

Pero Nava Holguín nunca respondió a dicha solicitud, lo que de acuerdo con las investigaciones que hoy lleva la Fiscalía confirma el encubrimiento sistemático de estas desapariciones, toda vez que sí existía un parte de novedades interno (descrito líneas arriba), donde se reportaba la detención de los jóvenes.

Víctima: José Cruz Peralta Nava
Edad al momento de su desaparición: 19 años

José Cruz fue detenido por 11 policías estatales de la Fuerza de Reacción minutos antes de las 7 de la noche, del 20 de agosto de 2013. Esto en el exterior de la Plaza Crystal en Veracruz, a donde el joven había acudido a pasear.

La justificación en la tarjeta interna elaborada por el comandante Manuel Alejandro Trujillo Rivera, un día después de la detención, fue la misma de otros casos: el joven estaba actuando de forma “sospechosa” y tras ser interrogado reconoció (supuestamente) colaborar con “Los Zetas”.

Trujillo, quien al igual que en los otros casos estaba al frente de los elementos que hicieron la detención, informó vía telefónica de lo ocurrido al comandante Arturo Paredes Guevara. Este último dio la instrucción de entregar al detenido a Carlos Baxin Ortiz, con indicativo “Tigre”, uno de los jefes de la Fuerza Especial de la SSP.

Desde esa fecha no se sabe nada de José Cruz. De su detención nunca se dio parte al Ministerio Público, ni al Poder Judicial.

Víctima: Andrés Aguilar Marín
Edad al momento de su desaparición: No precisada

Poco después de las 10 de la noche del 3 de octubre de 2013, Andrés fue detenido junto con Jacqueline “N”, cuando viajaban en un taxi en la calle Poeta Jesús Díaz, en Xalapa. La captura estuvo a cargo de policía de la Fuerza de Reacción, encabezada por Silviano Martínez Rivera.

En el informe interno del caso quedó asentado que los policías detuvieron a la pareja luego de que ambos mostraron una “actitud sospechosa”, cuando vieron pasar a los uniformados. Acto seguido, los agentes revisaron el taxi en el que viajaban y reportaron el supuesto hallazgo de 38 dosis de presunta cocaína.

De acuerdo con las investigaciones, ambos fueron trasladados a la Academia de Policía en El Lencero, donde fueron entregados a elementos de la Fuerza Especial liderada por el comandante Roberto González Meza. Ahí habrían sido torturados para declarar su presunto nexo con la delincuencia organizada.

Tres días después Jacqueline fue liberada, pues resultó que era una agente del Agrupamiento Carretero de la SSP Estatal. Así lo demostró con sus credenciales. Antes de que se le permitiera irse, el jefe del “Cuartel San José” de la policía, José Manuel Martínez Sánchez, le dijo que era mejor que “se olvidara del taxista”.

En cambio de Andrés Aguilar Marín no se volvió a saber nada, y al día de hoy sigue en calidad de desaparecido. En su momento, la Procuraduría y la familia de la víctima preguntaron a la policía estatal si había registro de su detención, pero la corporación nunca respondió.

La hipótesis de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (ante quien Jacqueline declaró lo ocurrido, incluyendo la tortura que sufrieron) es que Andrés Aguilar, al igual que el resto de los jóvenes desaparecidos, habría sido asesinado en la Academia de Policía de El Lencero.

Ni Andrés, ni ninguna de las otras 15 víctimas documentadas en esta investigación de la Fiscalía, contaban con antecedentes penales, ni tenían alguna orden de aprehensión en su contra. La policía estatal del gobierno de Javier Duarte decidió por sí sola que eran criminales, y los desapareció. Fue su juez y verdugo.