De acuerdo con el integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), Maximino Antonio Jiménez, ahora que no está la Policía Municipal de Orizaba en las calles se ha permitido la venta en el primer cuadro de la ciudad.

Dijo que los policías estatales no les dicen nada por comerciar los diferentes productos que ofrecen a los transeúntes y eso se debe a que los uniformados no atienden temas relacionados con el comercio ambulante.

Es más, el entrevistado comentó que los policías municipales son trabajadores al igual que los ambulantes, pero los uniformados se ven con obligación que es respetar a sus jefes de la administración tanto regidores como al director o inspector y pues deben hacer lo que les indican.

“Pero en nuestra percepción hay más tranquilidad, pero eso no quiere decir que la policía estatal es más buena, pero la actitud de los policías municipales como trabajadores se debe a la implementación violenta de los reglamentos, que es lo que violenta los derechos de tránsito, de trabajo pero hasta donde hemos visto el cambio en la ciudad es que está más tranquila”.

Mencionó que los ambulantes que a diario recorren las calles han notado que la Policía Estatal no se mete con nosotros.
“Y los inspectores de Comercio al no tener quien los respalde pues no nos dice nada y nos permiten ese derecho que tenemos de trabajar y de transitar por toda la ciudad, para nosotros fue benéfico, igual para todos”.

Señaló que realmente cuando estaba la preventiva local no eran ellos los que atacaban al comercio ambulante sino las órdenes que recibían de sus jefes inmediatos, como el Inspector o Director de Comercio o Desarrollo Económico quienes son los que ordenan a la policía a que actúe, “mira esa señora que está viniendo chicles, córrela o llévatela…es un mecanismo que se ha implementado como una forma recaudatoria porque el Ayuntamiento mete a la cárcel y le cobra hasta mil 500 o 2 mil pesos y además le roban su mercancía”.

También comentó que ahora se sienten más tranquilos pues las multas que les aplicaban dependía también del estado de ánimo del Juez calificador.

“Tuvimos un compañero que le cobraron hasta mil 800 por una carretilla, porque lo agarraron fuera del área que no le estaba permitido trabajar. Se echó tres días en la cárcel y no le regresaron su mercancía, entonces fue un pleito un pleito de 6 meses contra Herebia y en ese entonces el Ayuntamiento le devolvió de un pleito en la Fiscalía unos 7 mil pesos, pues decía que no lo tenían porqué detener dado a que contaba permiso para vender entonces no hubo delito y si le devolvieron 7 mil pesos por el daño causado”.