Familiares y amigos de los jóvenes Ernesto y Román Pérez González, asesinados presuntamente por elementos policíacos de Orizaba realizaron una manifestación para exigir una investigación al titular del Juzgado 16, Tomás Zurita, por la forma extraña en que está liberando a los presuntos homicidas.
Cerca de un centenar de personas acompañó a los padres de los infortunados para protestar contra el juez Tomás Zurita, quien ha dado la libertad bajo amparo a dos de los seis policías involucrados en el caso.
Desde las 12:30 de este viernes, se apostaron en las inmediaciones del Poliforum Cultural Mier y Pesado de Orizaba para viajar a Córdoba y realizar una marcha de protesta.
En la ciudad de Los 30 Caballeros, llegaron a la explanada del parque 21 de Mayo y con pancartas y lonas exigieron cárcel para los expolicías municipales, al igual que para el entonces director de Gobernación de Orizaba, Juan Ramón Herebia Hernández.
Los inconformes marcharon por las avenidas 1 y 3 de esta ciudad y culminaron con un plantón ante las oficinas del Poder Judicial de la Federación para exigir se investigue al magistrado Tomás Zurita debido a que poco a poco está dejando en libertad a los procesados quienes estaban en el momento del doble crimen, bajo el mando de Juan Ramón Herebia.
Román Pérez Martínez, padre de las víctimas, manifestó que el hecho de conocer que el juez está liberando a los procesados por falta de pruebas, a mitad del juicio, causa indignación debido a que todas las pruebas aportadas de que los exgendarmes son los homicidas de sus hijos, se encuentran en el expediente.
Exigió una investigación al titular del Juzgado 16, Tomás Zurita, por la forma extraña en que está liberando a los presuntos homicidas.
Dijo que son seis expolicías bajo proceso por homicidio de sus hijos Ernesto y Román, ambos profesionistas, y ya salieron en libertad dos de ellos bajo amparo y están por liberar a dos más.
En la marcha con pancartas también exigieron que Juan Ramón Herebia, en ese momento inspector de Policía, sea citado a declarar en el proceso y que el alcalde Igor Rojí deje de protegerlo debido a que cuenta hasta con vigilancia policíaca en su domicilio pese a que dejó de ser funcionario.