Pese a que se anunció con bombo y platillo la compra de la plaza de toros La Concordia en septiembre de 2017 por el orden de 40 millones de pesos, es la fecha en que el Ayuntamiento de Orizaba no ha asumido la propiedad, debido a que persiste el litigio por varias demandas mercantil y juicio hipotecario.
En entrevista, el regidor quinto Francisco José Aguilar Ramírez admitió que, si no se llega a obtener la propiedad, se perderían los 10 millones de pesos que pagó en ese entonces Juan Manuel Diez Francos, pero además, causaría un daño patrimonial a la Hacienda Municipal.
El edil de Morena reconoció que está en litigio el inmueble ante los acreedores del fallecido empresario y la familia, por lo que hasta cuando se defina esa situación, "el municipio tendría que decidir si da el pago restante o que se haría, pero sigue en manos de los jueces”.
Cabe mencionar que el Ayuntamiento pagó 10 millones de pesos a Norma Guraieb y no a Centro de Espectáculos La Concordia, y en ese aspecto, el regidor dijo desconocer mayores detalles técnicos, por lo que sería la responsable del área legal del Ayuntamiento, América Argumedo quién responda.
"Lo único que te puedo decir es que está en litigio y que no se resuelve, lo peor que pudiera pasar es que se perdiera lo que se invirtió en ella por parte del Ayuntamiento que fueron 10 millones de pesos y lo mejor es que se resolviera a favor de la familia o de uno de los acreedores y que estuviera dispuesto que se permitiera completar el pago y que pasara a manos de nosotros”.
Ya para finalizar, dijo que se trata de una situación delicada, porque en el caso de que no se pudiera resolver, se podría caer en daño patrimonial “y ahí habría que ver cuál sería la posición que tomaría el jurídico del Ayuntamiento, si es delicado”.
Cabe recordar que a finales de 2017, el entonces alcalde Juan Manuel Diez Francos, anunció la compra del inmueble construido por el empresario Luis Gutiérrez Príncipe por 40 millones de pesos, esto a pesar del embargo precautorio que el Instituto Mexicano del Seguro Social ejecutó en contra del Grupo Estructuras y Materiales Sociedad Anónima (EMSA) propietaria del recinto, así como del juicio hipotecario que ganó el empresario Miguel Martínez Martínez; sin dejar de mencionar que Alberto Pérez Fuentes también ganó una demanda civil por un adeudo con la familia Guraieb.