El procurador para la Protección del Niño, la Niña y el Adolescente del DIF Orizaba, Alfredo Luna Toral al igual que la fiscal especializada Berenice Ríos, negaron apoyar a una joven mujer a la que en marzo de 2019, le arrebataron a su hijo.

A más de un año, la justicia para la joven Dulce María Espíndola Beristaín no ha llegado. En rueda de prensa, denunció el nulo apoyo por parte de las autoridades competentes.

La afectada expuso que ante la contingencia sanitaria, la Fiscalía Especializada puso en pausa su caso, en el que denunció a su esposo Job Nicolás Barroso Sánchez, a su suegros David Ignacio Barroso Manríquez y María Mercedes Sánchez García, quienes le arrebataron de los brazos a su hijo de un año y nueve meses, el 13 de marzo de 2019.

En esa fecha, pidió apoyo a la Policía Municipal de Orizaba, así como al DIF municipal encabezado por Alfredo Luna Toral, quienes le negaron el apoyo, argumentando que debía acudir al municipio de Mariano Escobedo, pues es donde residen sus padres, sin embargo el hecho se dio en Orizaba, por lo que tampoco en aquel municipio le brindaron apoyo.

A un año y tres meses de la sustracción, señaló que no ha podido ver a su hijo, desconociendo el estado en que se encuentra.

“En todo este tiempo a la fecha no he visto a mi bebé, no pude estar en su segundo año, ni navidad, año nuevo mucho menos el Día de Reyes con él, está por cumplir tres años y todo indica que tampoco voy a estar a su lado para abrazarlo y besarlo ya que por la recurrente negligencia de su papá, abuelos paternos, autoridades incompetentes y aunado a la contingencia que impera en nuestro país, las personas y las autoridades que pueden y deben dar certeza jurídica en estos casos, no están laborando y con ello me impiden ejercer mi derecho de pelear por mi hijo dentro del marco legal alargando con ello la angustia de no saber de mi pequeño y mucho menos verlo y convivir con él”.

Manifestó que ante todo ello, también fue violentada en sus derechos por parte de las autoridades de la Fiscalía Especializada ya que desde que se presentó a realizar la denuncia, la titular de la dependencia Berenice Ríos la trató como delincuente y no quiso levantarle la denuncia por violencia familiar.

“Ella alegó que eso le acarrearía más trabajo, entorpeciendo la investigación ya que al no girar los oficios para las instancias correspondientes como la revisión del médico legista, las marcas de los golpes de los que fui objeto ya no eran visibles 30 días después, solo la levantó por la sustracción, pasando además que el despojo de mi hijo que tuvo además la total complicidad de sus abuelos paternos”.

La madre afectada solicitó audiencia con la fiscal encargada de Despacho, Verónica Hernández para que analice su caso y atienda sus subordinados esta situación y pueda reunirse a la brevedad con su hijo.

“Represento un número más en la enorme estadística de mujeres que han sido brutalmente violentadas física, moral y emocionalmente por sus esposos, parejas o novios a la vista de todos, incluyendo a esas autoridades que según se nos dice son especialistas en el tema, aun cuando han sido apercibidos e informados de tales hechos, además de este reprobable hecho, he sido también una víctima del despojo totalmente inhumano y por demás injustificado, del irrenunciable e inalienable derecho de tener a mi hijo a mi lado”.