De enero a la fecha, en el estado de Veracruz se han registrado 11 crímenes de odio por homofobia, y ninguno ha sido resuelto, por lo que de seguir así, la entidad podrá volver a ocupar el primer sitio nacional en este delito, señaló el presidente de la Coalición Estatal de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) Benjamín Callejas Hernández.

Indicó que de acuerdo con el informe de gobierno 2019, Veracruz ocupó el primer lugar a nivel nacional en Crímenes de Odio por Homofobia, en 2019 donse registraron 32 y en lo que va de este 2020 ya se reportan 11, cifra que ha puesto en alarma a este sector.

El activista expuso que con fundamento a las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal Contra la Discriminación, la Ley 864 del Estado de Veracruz contra la Discriminación, el Código Penal Federal, el Código Penal Estatal en su artículo 144 donde se tipifica la penalización por crímenes por orientación sexual, el Protocolo de Atención a la Población LGBTTTI+ del SSA, Protocolo de Atención la Población LGBTTTI+ de la Secretaria de Seguridad Pública; la Coalición Estatal LGBTTTI exige a toda la cadena del aparato de justicia el cumplimiento de protocolos de investigación, de resguardo de evidencia y de cadena de custodia de personas imputadas.

De la misma manera demandó el respeto a las orientaciones sexuales, las expresiones de género y/o las identidades de género.

“Si jueces y fiscales tienen los mismos prejuicios que los criminales entonces, ¿qué justicia puede esperarse?

Ante todo eso, denunció que las investigaciones de asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género son prejuiciadas y sesgadas por hipótesis que justifican y revictimizan a las personas asesinadas.

“Exigimos la visibilización de estos asesinatos para lo cual, sus nombres sean enunciados con dignidad y respetando su identidad sexo genérica. Denunciamos las violaciones a los protocolos de trato digno por las fuerzas de seguridad del estado a lo largo de todas las etapas de la custodia policial que derivan tratos humillantes, extorsiones y demanda de “favores” sexuales, así como el uso excesivo de la fuerza pública”.