Sanciones administrativas y económicas así como la remediación ecológica en el terreno donde se depositaron los desechos sólidos urbanos serán acreedores los ayuntamientos de Aquila y Córdoba, por tirar basura en lugar no permitido.

De acuerdo con personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) al Ayuntamiento de Córdoba se le aseguraron siete camiones, cinco recolectoras de basura y dos tolvas que estarán en poder de la dependencia mientras se deslinda responsabilidades.

“Se van a poner a disposición de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente 7 unidades, cinco compactos y dos tolvas y eso es por andar depositando los residuos sólidos en un lugar que no cuenta con permisos para este servicio”.

Los funcionarios de la PMA dieron a conocer que se supo que fue el síndico Armando Rosas Alonso quien dio los permisos y por ende también tendrá una sanción por no ser la autoridad competente para ello.

“Se tiene que proceder conforme a derecho, se genera la sanción administrativa, económica y de remediación que tienen que hacer en ese terreno”.

Detallaron que esa responsabilidad va para las alcaldesas, la de Aquila, Norma Jovita Ramírez Limón y de Córdoba, Leticia López Landero porque no pueden argumentar que desconocían de la situación, pues ambas tienen reportes de sus coordinadores de Limpia Pública.

“Se tienen que hondar en las investigaciones para saber quién dio el permiso, pero se supone que tiene que ser una persona, pero por el momento se remitió a clausurar el lugar donde estaban tirando basura, ese sitio está inmovilizado y las unidades de limpia pública de Córdoba se van a una unidad para hacer inmovilizadas”.

Cabe decir que los pobladores de Aquila y Maltrata descubrieron que siete camiones de Limpia Pública de Córdoba arrojaba desechos en un terreno y debido a ello, fueron retenidos, por lo que los habitantes obligaron a los camioneros recoger su basura.

Los operadores de los camiones revelaron tener un acuerdo económico con el síndico de Aquila, Armando Alonso Rosas. Cuestionada al respecto la alcaldesa Jovita Ramírez dijo desconocer la situación y culpó al Síndico de haber dado permisos.

Mientras que el Ayuntamiento de Maltrata a través de un comunicado se deslindó de esas responsabilidades y expuso que el problema ya estaba en manos de la PMA.