Un año después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el gobierno de México entregó a Guatemala la solicitud formal para que dicho gobierno autorice la ejecución de esa orden, y así proceder penalmente contra el exgobernador veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad.

El permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance ya que cuando Duarte fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y lavado de dinero. El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó.

La orden de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por problemas para integrar el documento, informó oficialmente a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la República (FGR).

En agosto de ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y proceder penalmente en contra del exgobernador. Pero la SRE devolvió el documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.

A partir de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal la información requerida.

Fue hasta el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida a la Embajada de Guatemala. El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno guatemalteco.

Posteriormente, en un oficio fechado el 28 de junio, la SRE informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó ampliar el requerimiento de la petición presentada por México. De acuerdo con la FGR, justo este martes se entregaron los datos extras solicitados a la Cancillería para que los remita a Guatemala.

De acuerdo con las autoridades consultadas, se espera que sea a más tardar el próximo mes cuando se reciba la respuesta oficial de Guatemala.

De declararse procedente la ejecución de la orden, la misma sería cumplimentada de forma protocolaria en el Reclusorio Norte donde ya se encuentra recluido Javier Duarte, cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El paso siguiente sería su traslado a Veracruz para que comparezca ante un juez en audiencia inicial, o que sea un juez de la Ciudad de México el que en auxilio del de Veracruz lleve a cabo la audiencia, como ya ocurrió antes en dos procesos locales promovidos contra Duarte por la Fiscalía de aquella entidad.

Cabe señalar que el delito de desaparición forzada de personas puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el artículo 318Bis del Código Penal de Veracruz.

La acusación y el amparo perdido
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler, durante la administración de Javier Duarte (2011 a 2016) se implementó en la entidad una política ilegal de desaparición sistemática de personas, todo ello a manos de mandos y elementos de la policía estatal.

La fiscalía documentó por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en 2013, que previamente fueron detenidos por policías en retenes. El 8 de febrero de 2018, en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron órdenes de arresto en contra de 19 exmandos de la policía estatal en la gestión de Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Las indagatorias continuaron y días después la Fiscalía procedió también en contra del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien actualmente sigue su proceso en libertad.

El 6 de junio del mismo 2018 este medio publicó que una jueza de la entidad había girado una nueva orden de arresto en contra de Javier Duarte. Ello luego de que los fiscales le presentaron indicios, entre ellos la declaración del propio Bermúdez, que apuntaban a un presunto encubrimiento y petición de Duarte para que se ocultara la información sobre varias desapariciones.

No obstante fue apenas en junio pasado cuando se presentó formalmente ante Guatemala el requerimiento para ejecutar dicha orden.

Mientras este tiempo transcurría el equipo de abogados defensores de Javier Duarte promovió una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Su argumento se centró en que el caso estaba débilmente integrado, pues se centraba en un solo testimonio, y que no se les había permitido presentar a ellos elementos para desvirtuarla.

Pero en junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó negarle a Duarte la concesión del amparo, bajo el argumento de que la orden de aprehensión girada en su contra era constitucionalmente válida, y que la solidez o no del caso tenía que dilucidarse en las audiencias que se lleven a cabo cuando el proceso penal inicie.

La defensa aún contaba con la posibilidad de inconformarse en contra de dicha determinación para que un tribunal la revise, una ruta que ya han seguido en otras demandas de amparo que también han promovido en contra de las demás órdenes de arresto que la Fiscalía estatal obtuvo por presuntos hechos de corrupción.

INAI ordena transparencia: es un caso de interés público
Originalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó clasificar toda la información relacionada con el trámite ante Guatemala para poder ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada, procedimiento que técnicamente se denomina “excepción al principio de especialidad”.

Lo anterior luego de que Animal Político interpuso desde febrero pasado una solicitud de información para conocer el avance en el procedimiento. Tras la negativa de respuesta se promovió un recurso de queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) el cual determinó que este era un tema de interés público y debía transparentarse.

En la resolución elaborada por la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y aprobada de forma unánime por el pleno, se estableció en primera instancia que la SRE tenía razón en señalar que la divulgación del proceso de extradición podía afectar la “honra” de la persona aludida, en este caso, Javier Duarte.

Sin embargo, la resolución subraya que dado que se trata de un tema que involucra a quien fue un servidor público, y a que es un tema de derechos humanos donde debe prevalecer la rendición de cuentas de las autoridades que investiga, se vuelve un asunto de “interés público” que es necesario transparentar.

“En este caso el interés de proteger la información en cuestión, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer si la autoridad ha actuado con legalidad, y en este sentido, si se han llevado a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y por ende, a una efectiva impartición de justicia” señala la resolución.

En respuesta a dicha instrucción del INAI, la SRE transparentó el avance que hasta mediados de mayo se tenía del procedimiento explicando que le había regresado a la PGR la primera solicitud porque le faltaban datos, y sin que hasta ese momento hubiera recibido nuevamente la petición de parte de la Fiscalía.