Al ingeniero Juan (nombre ficticio para cuidar su identidad) le pidieron que entregara su teléfono celular al llegar a la reunión convocada por sus superiores, en la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) del Estado de México. Con casi una década de trabajo le pareció una petición rara, nunca antes había pasado, pero el pasado 24 de junio le restó importancia, así que siguió la instrucción igual que el resto de sus compañeros.

Apenas unos minutos después, el encargado de la representación estatal de la Sader, Víctor Manuel Ontiveros, les dijo que debido a las medidas de austeridad emprendidas por el gobierno federal tenían sólo dos opciones: firmar su “adhesión” a una compensación económica “voluntariamente”, o “quedarse sin nada porque de todos modos sus plazas van a desaparecer”.

El ingeniero cayó en cuenta: les quitaron los teléfonos para que nadie grabara el anuncio.

Aún sin poderse reponer de la noticia decenas de funcionarios siguieron escuchando al jefe. Les aseguró que no había más opciones porque a partir del 1 de julio todo el personal de confianza dejaría de estar en la nómina, por eso “ya traemos sus solicitudes elaboradas, sólo falta su firma, y si alguien no está de acuerdo con el cálculo lo revisamos”.

Este ofrecimiento se refiere a las disposiciones anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio número 307-A.-0264, enviado el 1 de febrero pasado, en el que se informa que se cubriría con “una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral en la Administración Pública Federal, para el ejercicio Fiscal 2019”.

Sin embargo, aunque en el discurso trataron de hacerlo parecer opcional, no lo fue. “Fue por coacción”, aseguran los funcionarios entrevistados por Animal Político, quienes pidieron que su nombre no fuera publicado por temor a represalias, ya que han recibido otra advertencia por parte de sus superiores: “no le muevan o no les dan ni la compensación”.

El grupo de funcionarios dieron su testimonio e incluso acudieron este lunes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para solicitar asesoría porque hasta este momento ni si quieran tienen certeza sobre su situación laboral.

Firmaron un oficio por “terminación laboral” desde el 21 de junio, en el que solicitan su “incorporación a los beneficios de dichas disposiciones (de Hacienda) a partir del 30 de junio”, pero según les informaron, la compensación la entregarían en dos meses, aunque muchos aún siguen yendo a trabajar y otros desistieron, aunque tienen miedo de que los acusen de abandono de trabajo.. “Y mientras qué vamos a hacer sin dinero”, se preguntan.

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El ingeniero de más de 50 años se queda sin su empleo de casi una década. “A mi edad dónde voy a conseguir trabajo”, dice mientras cuenta que debe solventar los estudios de sus tres hijos que ya están en la universidad, además de pagar la renta del departamento donde viven; y aunque su esposa también trabaja, viven “al día”. Su salario no da más que para sobrevivir, ni esperanzas de poder ahorrar.

Otra de las empleadas muestra a Animal Político su último recibo de pago. Sus pagos incluyen “compensación garantizada, sueldos y compensaciones, ayuda para despensa quinquenio de 5 a 9 años”, que en total apenas suma 8 mil 500 pesos, pero entre las deducciones de ISR por 1,170 pesos, préstamos y seguros, sólo recibe 5 mil 500 pesos a la quincena.