El Senado avaló en lo general y particular la Ley de Austeridad, la cual prevé una partida secreta que será usada a discreción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se obtendrá de los ahorros que se obtengan del plan de austeridad que impulsa el Ejecutivo federal.

El artículo 61 de dicha ley señala: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

Quedó establecido en el artículo 24, que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquicos y que tengan información privilegiada, no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflicto de interés y corrupción.

La oposición conformada por el PAN, PRD, PRI y MC, votaron en contra de los artículos mencionados, pero al ser una ley secundaria, que no requiere de las dos terceras partes de los senadores presentes, Morena y sus aliados avalaron la norma.

La senadora Cecilia Márquez (PAN), dijo que se debería llamar la ley de la “corrupción republicana”, porque es una norma de buenas intenciones pero con corrupción, pues se le otorgará un “cheque en blanco o más bien 90 mil millones”, al Presidente para que por decreto y a discreción haga uso de esos recursos.

“Este recurso público de los ahorros que dejan en manos del Presidente puede ser utilizado político electoral, como dádiva, a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en las que se utilizará el recurso. Nosotros estamos para ser contrapeso, es lamentable que no lo entienden, y que de lo que tanto se quejaron lo estén magnificando”, expresó en tribuna.

Vanessa Rubio, del PRI, lamentó que haya ganado el “estómago” y no la razón, cuando había un trabajo en conjunto que permitía aprobar una ley de austeridad que de verdad sirva a México, que perjudica a los funcionarios públicos y mucho menos viola la Constitución.

“Estamos aprobando una ley que viola la división de Poderes, la autonomía de los órganos autónomos y que afecta a los 1.4 millones de servidores públicos, que no podrán trabajar en la iniciativa privada hasta pasar cinco años de haber ejercido un cargo público, porque no distingue ni siquiera grados de responsabilidad”, precisó.

El senador de MC, Samuel García, señaló que si bien la oposición apoya la austeridad, fue una “grosería” lo que ocurrió en comisiones donde hubo un “albazo”, por lo que irán a la Suprema Corte a presentar acciones de inconstitucional en 11 artículos.

“Estamos seguros que llegando a la Corte este Senado será exhibido por sacar vía rápida una ley que pudo salir de manera unánime, pero que por línea de una secretaría nos tuvieron que meter un albazo. La austeridad no son recortes, pues esta ley no incluye a Estados y municipios”, indicó.

Antonio García Conejo (PRD), refirió que la visita de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, horas antes de la votación en comisiones del dictamen, dio muestra de la “fragilidad” que tiene el grupo mayoritario ante las decisiones del Ejecutivo, por lo que es necesario generar verdaderos contrapesos y disminuir las decisiones discrecionales.

Morena junto con sus aliados avalaron dos reservas una de la senadora Geovana Bañuelos (PT), y del morenista Félix Salgado; la primera propuso prohibir fideicomisos en el Poder Judicial y órganos autónomos.

Mientras que la de Salgado Macedonio, propuso cambios en la redacción del artículo 24, para delimitar que solo sean los mandos superior jerárquicos, y aquellos que tengan información privilegiada y que pueden causar conflicto de interés, los que no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados, debido que sufrió modificaciones.