La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal la apertura de procesos penales en contra de tres altos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunto vínculo con el desvío de más de 400 millones de pesos, de fondos federales que estaban destinados a servicios de salud, educación y obras.

Los implicados son los exsecretarios de Finanzas Mauricio Audirac y Gabriel Deantes (este último ya con un primer proceso penal federal abierto en marzo pasado), y el exsubdirector de operación financiera, José Francisco Díaz Valenzuela.

De acuerdo con autoridades federales, la FGR ha reunido evidencia inicial suficiente, a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para solicitar al juez la apertura de los procesos en contra de los involucrados por el delito de peculado, y otros que pudieran resultar de la indagatoria.

Estos casos se sumarían a cuatro procesos más que la Fiscalía General ha logrado promover exitosamente en contra de exfuncionarios del gobierno de Duarte. Uno de ellos es en contra de Gabriel Deantes – que hora sumaría su segundo juicio abierto -, y los otros son en contra de los exsecretarios de Finanzas Tomas Ruiz y Fernando Charleston, y el exsubsecretario de Finanzas, Carlos Hernández.

Se trata del arranque de las acusaciones ante jueces de la Fiscalía como resultado de las múltiples denuncias presentadas por la ASF en contra de la administración de Javier Duarte, por hechos que los auditores calificaron en su momento como un “masivo e inédito desvío de recursos federales”, en el gobierno de Veracruz.

Los auditores han estimado en más de 62 mil millones de pesos el monto de dinero proveniente de 14 fondos federales que fue mal manejado y desaparecido en la administración de Javier Duarte, quien actualmente está preso y cumpliendo una condena por lavado de dinero en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Cabe señalar que ninguno de los exfuncionarios mencionados se encuentra actualmente preso por acusaciones federales, toda vez que bajo las reglas del nuevo sistema penal podrían enfrentar sus procesos en libertad, si es que el juez así lo determina.

Las audiencias en las que la FGR solicitará la vinculación a proceso en contra de Audirac, Deantes y Valenzuela fueron programadas entre el 28 y el 30 de mayo próximos, en el Centro de Justicia Federal ubicado en Xalapa, Veracruz.

Dinero de salud, educación y obras… que no llegó

De acuerdo con las autoridades consultadas, los nuevos casos están relacionados con graves irregularidades en el manejo de dos fondos federales en específico.

En el caso de Gabriel Deantes y José Francisco Díaz Valenzuela, las investigaciones lo vinculan con la desaparición de 261 millones de pesos provenientes del Fondo Regional (Fonregion), que es un fondo que se entrega a algunos estados, con el objetivo de financiar programas y acciones que faciliten el acceso de servicios básicos de salud y educación, en zonas vulnerables.

Los malos manejos relacionados con este fondo corresponden al análisis de la cuenta pública 2012, que fue el segundo año del sexenio de Duarte en Veracruz. Por este mismo asunto se encuentra ya procesado Tomás Ruiz González.

En el caso del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac, la investigación federal lo relaciona con el presunto desvío en 2014 de 149 millones de pesos, pertenecientes a denominado Fondo Metropolitano, que es un fondo federal cuyo objetivo es apoyar a las entidades en la ejecución de obras de infraestructura que favorezcan la movilidad, transporte y protección ante riesgos naturales.

A partir de los dictámenes técnicos elaborado por la ASF y la verificación de diversos elementos de prueba, entre ellos testimonios de otros exfuncionarios con conocimiento de estos hechos, el Ministerio Púbico ha concluido que Deantes, Audirac y Valenzuela fueron probables responsables por acción y omisión en los malos manejos de los fondos federales.

“Lo que sucedía en Veracruz era un patrón. La Secretaría de Finanzas del estado recibía estos recursos, los cuales eran sacados de las cuentas bancarias autorizadas para su manejo. Se le movía de otras cuentas del gobierno de la entidad, de donde eran sacados nuevamente y ahí se perdía el rastro. El dinero no regresaba y tampoco se probaba que se hubiera usado para lo que estaba destinado”, dijeron fuentes de la ASF.

Cabe señalar que Audirac ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a partir de julio de 2014, en sustitución de Fernando Charlestón, quien actualmente ya se encuentra bajo proceso federal también por presuntas irregularidades por casi 900 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Apenas en marzo pasado, Mauricio Audirac había logrado que un juez de Veracruz cancelara un proceso penal abierto en su contra, que lo mantuvo casi año y medio en prisión. Dicha acusación había sido presentada por la Fiscalía local, y en la misma se responsabilizaba al exfuncionario de malos manejos de recursos del Seguro Popular.

Sin embargo dicho caso es distinto al que ahora se promueve a nivel federal en contra de Audirac y de otros exfuncionarios del gobierno de Duarte, quienes con independencia de si ya libraron o no las acusaciones a nivel local, ahora tendrán que enfrentar los procesos promovidos por la Fiscalía General de la República.

Y busca FGR una orden de aprehensión

Además de los casos anteriores, la FGR busca obtener de un tribunal federal una nueva orden de aprehensión en contra de otro alto exfuncionario del gobierno de Javier Duarte – cuyo nombre se mantiene en secrecía -, por su presunta responsabilidad en al menos tres denuncias de la ASF por desvíos en fondos federales.

De acuerdo con las autoridades consultadas, se trata de un caso relacionado con tres averiguaciones previas iniciadas bajo el viejo sistema penal, en los años 2015 y 2016, y las cuales fueron agrupadas en una sola al figurar la misma persona como probable responsable.

En una primera instancia, un juez negó conceder dicha orden bajo el argumento de que no se tenían los elementos suficientes; sin embargo, la FGR apeló la decisión y el caso está siendo revisado por un tribunal federal.