Rechazamos de manera enérgica las acciones inconstitucionales llevadas a cabo por la mayoría en el Congreso del Estado que, sin someter a discusión y votación, aprobó la solicitud de dispensa de ley para poder seguir desempeñando el cargo de Magistrada Presidenta del Poder Judicial local en razón de que, el día diecinueve de abril del presente año, cumple setenta años de edad; solicitud que, a todas luces, carece de asidero legal, toda vez que dicha pretensión no tiene cabida en el terreno constitucional; lo anterior, derivado a que, el poder legislativo local al que se le formula la petición, no tiene la facultad ni la competencia constitucional para atender dicha solicitud.

En tal razón, ante la inobservancia de la promovente con respecto a lo mandatado por la propia Constitución Política Local, nos encontramos en un escenario donde, el Congreso del Estado se debió declarar incompetente para dar sustanciación a lo inconstitucionalmente solicitado por Isabel Inés Romero Cruz. Fuimos testigos de una flagrante violación a las constituciones federal y local, cometida desde la cima del poder público estatal.

Un precedente claro de la inconstitucionalidad de los recientes actos lo da el mismo Ministro Arturo Zaldívar Lelo De la Rea, al rectificar y rechazar la prolongación de su nombramiento. Hoy tenemos un Poder Judicial encabezado por la ilegalidad en complicidad con el Congreso Local. Sólo a través del cumplimiento de las normas, podemos constatar la existencia de un Estado democrático garante de los derechos humanos de los ciudadanos que resista a las embestidas del uso faccioso del poder.

Aprobar una disposición inconstitucional es del todo incorrecto, pero además hacerlo violando los derechos del resto de los diputados es peligroso. Nadie debe estar por encima de la ley, por más mayoría que sean. Son más de 20 acciones de inconstitucionalidad las que se le han señalado al Congreso de Veracruz desde que Morena es la principal fuerza y sus diputados encabezan el Poder Legislativo, por lo que resulta inadmisible que el acuerdo, además de ilegal, se haya conseguido sin votación ni consulta.