La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) exhorta al Poder Ejecutivo y a su titular, Cuitláhuac García Jiménez, a respetar el quehacer informativo de los periodistas veracruzanos en todas sus expresiones.

Lo anterior en relación a un hecho registrado este miércoles durante la conferencia de prensa del Gobernador del Estado, lo que originó la intervención de este Organismo Autónomo en favor de la solicitante.

No obstante, desde este Organismo Autónomo hacemos hincapié a lo establecido por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, desde donde se precisa lo siguiente:

“Es legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación.”

Asimismo, en diversas jurisprudencias y resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha exhortado a que los servidores públicos y/o funcionarios de los estados deben sujetarse a un escrutinio riguroso por la prensa y la opinión pública, y en consecuencia, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica.

En virtud de lo anterior, la CEAPP reitera la necesidad de que se enriquezca el debate público bajo un ambiente de respeto a la libertad de expresión y del acceso a la información. De igual manera, se reconoce al Poder Ejecutivo que se promuevan los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, siempre y cuando éstos se desarrollen con todas las garantías de respeto para los comunicadores y quienes tienen la encomienda de informar a la sociedad.

Asimismo, la Comisión considera indispensable que desde el Estado, en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), se erradique todo tipo de violencia contra los periodistas, evitando su descrédito en espacios públicos y agravios que afecten la integridad de quienes ejercen la libertad de expresión.