Padres de Pilar Argüello Trujillo, víctima de feminicidio en 2012, mostraron su preocupación sobre el desconocimiento que mostró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sobre el caso de su hija, que ha sido el primer aceptado por la Organización de las Naciones Unidad (ONU).

Recordaron que hace unos días, ellos en coordinación con el Colectivo Equifonia, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el trato despectivo, clasista y revictimizante que recibieron por parte de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz.

Señaló que dicha reunión formaba parte del seguimiento a las recomendaciones hechas por la ONU al estado mexicano a través de la comunicación 75/2014 del comité CEDAW, donde se pide la reapertura de la investigación y la reparación de daño para las víctimas indirectas, luego de que el presunto responsable de la muerte de Pilar fuera puesto en libertad.

Expusieron que por el caso del pilar se han emitido seis recomendaciones a la fecha, donde se exige reabrir la investigación hasta garantizar la verdad y la justicia.

“Nos resulta preocupante que en sus declaraciones el Gobernador no tome en cuenta que todo el proceso de exigencia de justicia para Pilar ha llegado al más alto nivel, y que es el primer caso de feminicidio admitido por la ONU por lo cual ha emitido seis recomendaciones al estado mexicano, una de estas es reabrir la investigación del asesinato hasta garantizar verdad, justicia y reparación para Pilar y las víctimas indirectas”, dijeron en un comunicado.

Explican que parte de las recomendaciones emitidas por la CEDAW en el expediente 75/2014 incluyen dar con el o los responsables de su feminicidio, que se investigue y sanciones el actuar de los servidores públicos que hayan actuado de forma indebida, y eso incluye a la juez interina de la etapa de juicio del juzgado de menores, “quien a pesar de la evidencia presentadas por la entonces Procuraduría General de Justicia decidió absolver al probable responsable”.

Hay que recordar que sobre este tema, el gobernador fue cuestionado en su conferencia de prensa del 24 de enero.

Ahí, García Jiménez señaló que hay casos “complicados” como este que “causan estado” y que en todo caso correspondería al Poder Legislativo modificar la ley para que los delitos no prescriban.   

“Este caso no puede ‘causar estado’ ya que esta comunicación es parte de una recomendación general vinculante cuyo cumplimiento está en curso. La actual administración no puede minimizar la exigencia de justicia para el feminicidio de Pilar argumentando que tuvo lugar en administraciones pasadas, reiteramos que es una obligación institucional garantizar justicia para Pilar y todas las víctimas. La instalación de una mesa de trabajo para dar cumplimento a las recomendaciones es resultado de más de 9 años de exigencia ininterrumpida de justicia”, señalan.

También demandaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, a asistir a las reuniones de la mesa de seguimiento y agilizar el proceso de cumplimetno de las recomendaciones hechas por la CEDAW al estado mexicano.