Integrantes de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), acusaron que, a casi 6 años de haber sido agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando protestaban en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de sus pensiones, siguen en espera de la procuración de justicia.

Declararon que desde ese fecha sólo ha habido una disculpa pública por parte del Gobierno, pero no un castigo para las personas involucradas.

La presidenta de la coalición Dolores Martínez Amilpa, dijo que los integrantes de la coalición están a la esperar de ser notificados por un juez, sobre el seguimiento del caso, pues es una exigencia de justicia.

Asimismo, señalaron que desde agosto de 2016 interpusieron otra demanda, ahora con motivo del quebranto al patrimonio del IPE, considerado como el saqueo a la Reserva Técnica del Instituto, que por omisión o acción se puede adjudicar al Consejo Directivo del IPE y de otros terceros que resulten responsables.

“Hasta el momento no tenemos una resolución de impartición de justicia por lo que estamos aquí denunciando lo que ha pasado con el saqueo que nosotros hemos señalado a la reserva técnica del IPE”, dijo la presidenta.

Refirió que se deben fincar responsabilidades como lo ha señalado el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y el propio IPE.

“De esta reserva técnica Sefiplan ha comunicado que en esta administración creció 38 por ciento y eso es cierto, pero nosotros tenemos memoria y si recurrimos a cómo estaba la reserva técnica en 2010, tenía más de 2 mil 800 millones de pesos y actualmente tiene un poco más de 1 mil 600 millones de pesos, lo que quiere decir que para que la reserva técnica alcance el monto que tenía hace más de 11 años, necesita crecer todavía un 43 por ciento”.

Recordó que el ORFIS interpuso, por un presunto daño patrimonial al IPE en la cuenta 2015, dos denuncias que suman cerca de 2 mil 900 millones de pesos.

Además, demandó al IPE en 2016 y 2017, por observaciones no solventadas de la cuenta pública por 284 millones de pesos y por 2 mil 709 millones de pesos.

Por su parte, el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el Gobierno del Estado, sin conocimiento del Consejo Directivo, como lo establece la Ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados. Un motivo más es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago.

“¿Por qué nosotros denunciamos? Porque tenemos evidencias, en 2016 hicimos la denuncia, porque se dispuso de dinero de la reserva técnica más de mil 200 millones para pagar prestaciones, los denunciados argumentan que la ley les permite disponer de ese dinero para pagar prestaciones y es cierto, pero la misma ley obliga a devolverlo y eso dinero no ha regresado al IPE por lo tanto señalamos que hay un delito que perseguir”.

Ante esta situación, exigieron a la Fiscalía General del Estado, resolver la situación de los jubilados a la brevedad quienes están a la espera de justicia.