El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Aguilar Castillo, pidió que el Gobierno federal sea quien se encargue de investigar la muerte de la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín y su hija, quienes fueron ejecutadas este 15 de febrero.

En conferencia de prensa, aseveró que el Estado atraviesa por una cuestión grave en materia de seguridad, por lo que se requiere la intervención de la federación.

Remarcó que el actual Gobierno estatal está desprovisto de capacidad, rebasado en sus atribuciones, ajeno a la realidad veracruzana e indolente en todos los órdenes de la vida pública.

“En síntesis, señalamos que se intervenga en un estado fallido por las razones expuestas y expresamos nuestras sentidas condolencias por Gladys y por Carla”, abundó.

El además representante del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado por el líder estatal Marlon Ramírez, así como diputadas priistas, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal expresan sus condolencias por la irreparable pérdida para su familia.

“Cuando existe ausencia del Gobierno, por desconocimiento o por incapacidad, ambas características en el caso de Veracruz de manera recurrente, prevalecen el desorden, la inseguridad y el caos en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las personas”, añadió.

Ahí, subrayó que es deber del Gobierno generar las condiciones de armonía social en todos los órdenes, a nivel municipal, estatal y federal, pero en este caso es deber del gobierno de Veracruz, generar las condiciones de armonía social, de orden jurídico, garantía de libertades, de cuidado a la integridad física y de la vida de las personas.

En virtud de que el gobierno del estado de Veracruz, afirmó, ha sido rebasado en todos los ámbitos, “hacemos una enérgica protesta a la situación actual de anarquía que prevalece en el estado”.

“Se exige el esclarecimiento del brutal asesinato de Gladys Merlín y Carla Enríquez hasta sus últimas consecuencias y se castigue a quienes lo cometieron, dejando a la autoridad competente, y no hacer juicios a priori hasta llegar a las últimas consecuencias por parte de la autoridad competente que en este caso es la Fiscalía General del Estado”, abundó.