La diputada local, Montserrat Ortega Ruiz, presentó una propuesta de reforma a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, para establecer que las autoridades estatales y municipales, incorporen en las transmisiones en vivo que realicen, el recuadro destinado a la interpretación del contenido a lengua de señas mexicana.

Asimismo, se busca incorporar a los organismos públicos, a los que la Constitución Local otorga autonomía.

“Así todas las personas podrán acceder a la información que genera el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros”, expresó.

De esta manera, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la accesibilidad a la información, para ello, todas las transmisiones en vivo en los medios de comunicación televisiva, plataformas digitales o redes sociales de tipo audiovisual que difundan; deberán proyectar, de manera simultánea, un recuadro que incluya la interpretación en lengua de señas mexicana.

El recuadro para la interpretación en lengua de señas se ubicará en la parte inferior derecha de la pantalla, ocupando al menos una sexta parte de esta.

La imagen del intérprete debe abarcar desde la cabeza hasta la cintura y debe contar con espacio a los lados y por encima de la cabeza a fin de que la visibilidad de las señas no sea eliminada o disminuida, respetando los Lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la materia.

Montse Ortega, reconoció que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.3 por ciento de la población son consideradas como personas en situación de discapacidad, de los cuales presentan discapacidad auditiva el 18.4 por ciento, esto es, un millón 449 mil 516 personas.

En ese tenor, puntualizó que las barreras de comunicación impiden a las personas con discapacidad auditiva comprender adecuadamente los mensajes que reciben, ocasionando aislamiento de los grupos sociales en que se desarrollan y segregándolos de la sociedad en general, lo que resulta en un acto de discriminación masiva, al ser excluidos de los mensajes de comunicación oficial de los distintos espacios del poder público.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.