Diputados de Morena y sus aliados, blindaron a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y a la Fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar, para que sus nombramientos no puedan ser impugnados.


Lo anterior, quedó asentado en un artículo transitorio publicado el pasado 28 de mayo en la Gaceta Oficial del Estado.

El documento establece que, “no es procedente la promoción de medios de impugnación en su contra, protección constitucional que ha sido confirmada por tribunales federales bajo principios de certeza y seguridad jurídica”.

Con ello, quienes participaron en ambas convocatorias tampoco podrán impugnar, “los principios de audiencia y participación abierta de quienes atendieron el llamado de la convocatoria de 30 de abril, dígaseles que la misma en modo alguno limitó las atribuciones soberanas y discrecionales en cuanto al nombramiento del Fiscal General, pues no creó por sí o ante sí algún derecho de los gobernados”.


El principal argumento, es que la ley protege la certeza y firmeza de las resoluciones de las legislaturas en los Estados en materia de elección de funcionarios públicos.