A pesar de que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que con ahorros generados por el “manejo honesto del presupuesto”, adquirió ambulancias para atender la contingencia del COVID-19, documentos oficiales dejan en claro que no fue así.

Y es que el contrato 40/400 de la Secretaría de Salud de Veracruz, se detalla la adquisición de 20 ambulancias adquiridas con recursos del ahora extinto “Seguro Popular”.

El documento señala que se compraron 15 ambulancias de traslado y 5 de cuidados intensivos, por un monto de 17 millones 964 mil 363.20 pesos, mismas que el mandatario dijo, se adquirieron con ahorros.

“(Las ambulancias se adquirieron) con recursos provenientes del manejo honesto del presupuesto (…) La austeridad, el buen manejo de los recursos, para que en momentos como este pudiéramos atender la emergencia epidemiológica”, expresó en una transmisión realizada mediante sus redes sociales.

Es importante precisar que las ambulancias ni siquiera fueron adquiridas específicamente para la pandemia del COVID-19, ya que el contrato de compra fue firmado el 31 de diciembre del 2019, último día que el Gobierno tenía para comprometer el recurso federal; además, en ese entonces, en el país aún no había casos positivos de dicha enfermedad.

Las 20 ambulancias fueron entregadas a 10 hospitales ubicados en municipios como Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Tlapacoyan, Tezonapa, Yanga, Tlaquilpa, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, Acayucan y el Espinal.

Y siguen las compras sin licitaciones…

“Ambulancia Network, S.A. de C.V.”, es la empresa que fue elegida por “dedazo”, por el gobierno estatal que encabeza el morenista, Cuitláhuac García Jiménez, para la compra de 20 ambulancias para hospitales de Veracruz.

El contrato 400/2019 de la Secretaría de Salud, precisa que la modalidad de adquisición de los vehículos fue por:

“Adjudicación directa derivada de licitación (sic) simplificada LS-103T00000-054-19, relativa a la adquisición de 15 ambulancias de traslado y 5 ambulancias de cuidados intensivos”.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión en que el gobierno de Veracruz es señalado por realizar adjudicaciones directas y sin tomar en cuenta a empresas veracruzanas.

Además de que el proceso se llevó a cabo de forma ilegal, toda vez que la Ley de Adquisiciones prohíbe las adjudicaciones directas si el monto a entregar es superior a los 101 mil pesos.