Ante la falta de medicamentos oncológicos en hospitales de Veracruz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), inició una queja de oficio, así lo informó la titular del organismo, Namiko Matzumoto.

Fue durante la sesión de preguntas de su comparecencia ante diputados del Congreso local, que, cuestionada sobre el tema por la diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, aseveró que la queja fue respaldada por padres de familia de niños con cáncer.

“Se inició una queja de oficio con relación a la falta de medicamentos oncológicos. La Comisión se percató de esta situación porque se hizo pública a través de los medios de comunicación e inmediatamente abrimos una queja de oficio que además nos avocamos a hacer una investigación y que ratificaron tres padres de familia de niños afectados”, expresó.

Mencionó que las investigaciones ya van muy avanzadas, por lo que en los próximos días se emitirán las recomendaciones al respecto.

Cabe recordar que en las últimas semanas, en el puerto de Veracruz y Xalapa, padres de familia de niños que padecen cáncer se han manifestado para denunciar la falta de medicamentos oncológicos y de quimioterapias en hospitales de la entidad.

Reportaron incluso que algunos menores habían fallecido ante la falta de atención por parte del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.

En ese tenor, la legisladora cuestionó a la presidenta de la Comisión respecto a que si habría alguna queja en contra del funcionario estatal, sin embargo, le expresó que en ese caso, tendría que haber “una víctima” es decir, alguien que presentara una queja focalizada contra Ramos Alor.

En otro orden de ideas, Montse Ortega cuestionó a Matzumoto Benítez sobre el avance que lleva la queja presentada por legisladores panistas, a quienes les negaron el acceso a la Fiscalía General del Estado el pasado 3 de septiembre de 2019 y las agresiones que sufrieron por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al respecto, la presidenta de la CEDH informó que la queja está desahogándose y se encuentra en visitaduría para iniciar la recomendación.

Asimismo, preció que la queja avanzó porque la Fiscalía se trata de un edificio público y no tendría por qué habérseles negado el acceso.

“Impedir el acceso a cualquier persona a un edificio público solo pueden justificarse bajo extrema necesidad imperiosa”, expresó.