Ante el incremento de robos y asaltos a cuentahabientes de diversas instituciones bancarias en Veracruz, la diputada María de Jesús Martínez Díaz propuso una iniciativa al Congreso de la Unión para reforzar las medidas de seguridad y protección a los usuarios.

Al recordar que la entidad no escapa a este tipo de delito, que debe ser considerado de alto impacto por cometerse con violencia, propuso reformar el primer párrafo del artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, sin dejar de lado la obligación de los tres órdenes de gobierno de garantizar la seguridad pública.

Dicha reforma apuesta a que las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad que incluyan la presencia, en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, de suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución.

Igualmente, pugna por la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesario para brindar la máxima protección a las personas usuarias y sus valores, así como al patrimonio de la institución.

Señala también que debe quedar prohibido, a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva.

Asimismo, cuando las instituciones de banca y crédito contraten personas morales o físicas para que en su representación reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, se dispone que deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se han mencionado.

Para lograr lo anterior, la legisladora de Acción Nacional Veracruz propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá en cualquier tiempo, recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores al interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

Agregó que para la implementación inmediata de estas medidas, las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, quienes deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito.