“Con la aprobación de la reforma al artículo 220 del Código Penal del Estado, en Veracruz el delito de extorsión se castigará hasta con 10 años de prisión, delito que creció en más de un 400 por ciento en los últimos años, lacerando la tranquilidad de la sociedad y la economía”, expresó la diputada Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Dicho dictamen fue aprobado con 30 votos a favor y 9 abstenciones, emitidas por las y los legisladores de Acción Nacional, luego de que señalaron algunas inconsistencias.

La legisladora de MORENA, indicó que desgraciadamente, en el 98.2 por ciento de los casos de extorsión, las víctimas no denuncian, tal y como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó el crecimiento exponencial de este ilícito entre el 2015 y 2018.

Citó que con penas más severas y una categoría más amplia de agravantes, se busca inhibir la comisión de uno de los delitos que más laceran a la sociedad y al sector productivo estatal; violenta y atenta contra el progreso económico de Veracruz al inhibir las inversiones, el turismo, la creación de nuevas empresas y empleos, y lo peor, está convirtiendo a la población en una sociedad asustada, que vive y labora bajo el sobresalto.

“Con esta reforma el Poder Legislativo está cumpliendo con su cometido de mantener actualizado el Marco Jurídico vigente; sin embargo, de nada servirá ninguna reforma legal si los operadores de justicia, la parte acusadora, carece de idoneidad y tiene una actuación inepta”, dijo.

Y desde la máxima tribuna del Estado, exhortó al Fiscal General del Estado a cumplir con su labor con eficiencia y eficacia, con profesionalismo y sin distraerse en una agenda política que no le corresponde, tal como lo demanda la sociedad veracruzana.

“Si la institucionalidad y los órganos autónomos hacen su labor, juntos podemos generar mejores condiciones de vida para quienes nos han confiado con su voto el ejercicio de su representación. La sociedad le está apostando a la acción eficaz de la autoridad, que no debe fallarle más. Nunca más”, apuntó.

Reconoció que el Gobierno federal, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, aporta su granito de arena con la operación de la Guardia Nacional en los municipios y regiones de Veracruz donde se necesita la mano dura contra el crimen organizado y malhechores, sin tregua alguna; mientras en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez está dando valientemente la lucha contra los delincuentes, de manera frontal, decidida, sin simulaciones, como debió hacerse desde hace mucho tiempo.

La reforma eleva las penas privativas de la libertad así como se adicionan agravantes para la tipificación de este ilícito.

Cabe mencionar que la propuesta se da luego de que en la zona sur del estado, particularmente en Coatzacoalcos, se han dado continuos casos de extorsión.

Tan solo en este mes se han presentado cinco acciones delincuenciales contra negocios, algunos de los cuales han sido incendiados.