La renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y los motivos que lo llevaron a dejar el cargo son muestra de que no existe una libertad para que el titular de un área tan delicada pueda conformar su propio equipo de trabajo, además de que podría existir una intromisión en las decisiones en materia económica, así lo consideró el presidente de la asociación Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez.

En entrevista telefónica, destacó que esta renuncia es una señal de que el estilo de gobierno implementado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, podría marcar una crisis de mediano plazo.

"Esto significa que no está en una completa libertad de organizar su equipo de trabajo sino que además hay también señalamientos muy claros que se argumentan y otros que se insinúan y la intromisión puede ser un tema más que delicado; no es simplemente los desacuerdos ordinarios que pudieran darse en un equipo de trabajo, el tema es que las diferencias marcarían que hay cosas más profundas y esto podría indicar que tal y como sucedió ya con la renuncia del titular del Seguro Social y hoy en la Secretaría de Hacienda, esto podría estar sucediendo en otras dependencias también", indicó.

Asimismo, Castañeda Nevárez lamentó que al igual que como ha ocurrido en el Congreso federal y en la Legislatura local, existan personajes dentro de la estructura de gobierno que no cuenten con el perfil ni la capacidad para desempeñar las tareas que les han sido encomendadas y que en muchos casos son únicamente el pago de facturas políticas.

"Esto es algo que no es nuevo, siempre se ha dado el pago de compromisos de campaña y esto ha sucedido desde siempre y en todos los gobiernos, pero ellos se vendieron como un gobierno distinto en el que estas prácticas ya no iban a ser la costumbre y esto nos enseña que también le sucede lo que tanto criticó", apuntó.

Finalmente, dijo que espera que el Gobierno federal aproveche esta situación para intentar recomponer el camino y no esperar a que le revienten los conflictos, mientras que los gobiernos estatales también pongan sus "barbas a remojar".