Pese a que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, anunció con bombo y platillo la compra de 160 patrullas y un ahorro de 27 mil pesos por unidad, este día informó que los vehículos fueron adquiridos bajo dos modalidades: 50 fueron por compra directa y 110 más arrendadas, por las que se pagarán 4 millones de pesos mensuales a una empresa localizada en Durango.

No obstante, a las cifras que él dio, cada patrulla costó 660 mil pesos, ya con equipamiento, éstas salieron en 798 mil pesos cada una.

"Las finanzas están desfalcadas, la administración anterior se empeñó mucho en dejarnos sin dinero, no quiero decir que se lo robaron, algo hicieron con él y nos dejaron deudas y compromisos muy fuertes que ahora tenemos que pagar.

Estamos pagando más de 4 mil millones de pesos anuales de puros intereses. No podíamos actuar sólo con el gasto corriente, tenemos que hacer ahorros sustanciales, qué hicimos, una planeación programada en el gasto de la secretaría de Seguridad Pública ante la urgencia que hay en materia de seguridad".

Detalló que por las 50 patrullas se erogaron 39 millones 940 mil pesos; cada patrulla tuvo un costo de 670 mil pesos, sin incluir el equipamiento.

Asimismo, aseguró que su gobierno analizó el precio que daban las empresas automotrices de la entidad, sin embargo, el costo menor se obtuvo fuera de Veracruz, por lo que se determinó comprarlas en otro estado, negando que haya sido a sobreprecio.

Subrayó que el mayor problema fue la adquisición de los seguros y la empresa elegida presentó la propuesta de 110 patrullas con arrendamiento de 3 años lo que resultó más factible para el estado.

También confirmó que su administración solicitará que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea.

Insistió en que se sospecha que el fiscal, Jorge Winckler Ortiz, podría estar protegiendo a los responsables de los hechos, derivado de la denuncia que la edil había interpuesto con antelación por amenazas.

Incluso reveló que la edil fue obligada a renunciar a la seguridad a la que tenía derecho para su protección. 

"Hay que preguntarle al fiscal, ella dijo esto que estoy expresando en la denuncia. Entonces un favor pregúntenle al fiscal. Ustedes como medios tienen una responsabilidad ante la sociedad, entonces pregúntenle al fiscal, a quién denunció y cuándo dará resultados.

Linchamientos

García Jiménez consideró que no están sucediendo "linchamientos grandes" y aseveró que no permitirán que se haga justicia por propia mano.

Insistió que en el caso de Las Choapas, las personas que fueron atacadas tenían antecedentes penales que volvieron a delinquir ante la falta de procuración de justicia.

Por ello insistió en que la Fiscalía General del Estado debe hacer su trabajo y el fiscal, Jorge Winckler Ortiz, responder por esos hechos.