Las políticas públicas que las autoridades debemos proponer e implementar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres deben ser apegadas a Derecho, siempre respetando sus derechos humanos, considerando que esta problemática social es estructural, por ello debe aplicarse una política estatal contra la violencia, aseveró la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares Pérez.

Restringir el horario del tránsito de las mujeres por las calles, además de ser violatorio de sus derechos humanos, insistió, es una medida ineficaz ante las diferentes circunstancias en que las mujeres son asesinadas.

Somos las autoridades, dijo, que en pleno apego al artículo primero constitucional que señala que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, “tenemos la obligación, acorde a las competencias en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, de trabajar en conjunto y sinergia para ponerle un alto a este grave problema”.

En este sentido, señaló, cada Poder tiene sus respectivas atribuciones y facultades para contribuir en la erradicación de la violencia, “y lo que es muy claro y necesario, es que la violencia contra las mujeres debe ser sancionada y eliminar esas prácticas que, por acción u omisión, favorecen la impunidad”.

Además, destacó que datos nacionales y estatales reflejan que la violencia física es la segunda que más enfrentan las veracruzanas y la modalidad en la que más se presenta, es la familiar, por lo que el pedirles a las mujeres que no salgan de sus casas, no es una solución viable para acabar con los feminicidios.





Olivares Pérez, reiteró que el objeto del Instituto Veracruzano de las Mujeres, es promover en forma permanente el cumplimiento de las leyes y realizar la capacitación y profesionalización del funcionariado público para que contribuyan al respeto de los derechos humanos de las mujeres, que se eliminen los estereotipos y se erradique esa cultura de discriminación, así como un trabajo gubernamental sinérgico por una vida libre de violencia.

Lamentó, que, según los datos disponibles, es la pareja sentimental o una persona con alguna relación de parentesco, consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, o cualquier otra de hecho o amistad, la que comete dicho delito, por lo que nuevamente, dicha propuesta no da respuesta a la situación que viven las mujeres respecto a la violencia en su contra.