El Congreso local va por el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, pues ante las dos solicitudes de Juicio Político en contra del servidor público, hoy jueves, durante la sesión plenaria, el grupo legislativo de MORENA presentó una reforma a la Constitución Política de Veracruz para que dentro de las atribuciones de la Legislatura se pueda remover al fiscal por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
De aprobarse la reforma, se otorga un plazo de treinta días naturales a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del estado, para que el Congreso realice las adecuaciones correspondientes a su normativa interna.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción XLIV, del artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz fue presentada por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que el Poder Legislativo, como creador de la Fiscalía General del estado, como órgano autónomo constitucional, ha sido el responsable histórico de dotarle de una garantía normativa de actuación e independencia en su estructura orgánica y funcional para el desarrollo de sus fines, debido a su importancia social.
Sin embargo, el Congreso no puede desatender en esa creación su responsabilidad de contrapeso constitucional, lo que en la especie no se advierte dentro del marco normativo competencial de dicho Poder Público en relación con el Organismo en cuestión, en la actual Constitución Política de Veracruz.
Y no guardó para sí la facultad de remoción, cuando fuese necesario para salvaguardar el interés público y social de la sociedad veracruzana, en función como legítimos representantes del pueblo, dentro de las atribuciones que la Constitución Política del estado de Veracruz, otorga al Congreso del estado.
Es por ello, que el Poder Legislativo debe asumir su función soberana y Constitucional de Contrapeso en el marco de la Constitución con relación al Organismo Constitucional Autónomo denominado Fiscalía General del estado, a efecto de reivindicarse la facultad constitucional de remoción del titular de la Fiscalía general, dentro de sus atribuciones en la Constitución Política de Veracruz.