El auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reconoció que en los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, hay temas de carácter financiero que deberán ser resueltos y presentados en los Estados Financieros del actual ejercicio 2018, pese al cambio de poderes de la administración estatal, toda vez que son observaciones administrativas sujetas a seguimiento por insuficiencia de información competente.

Además, están identificadas prácticas que representan riesgos para la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos, mismos que fueron señalados en los Informes correspondientes y que de no atenderse, pueden generar inconsistencias en la gestión financiera próxima a fiscalizar.

Los riesgos se encuentran en materia financiera, de contrataciones y de obra pública.

Por lo que agregó en torno a la aplicación de los recursos públicos que se requiere de un mayor compromiso y un adecuado control por parte de los servidores públicos.

Aseveró que una vez que la Comisión de Vigilancia del Congreso local emita el dictamen y sea aprobado por el Pleno del Congreso, se iniciará la Etapa de Investigación, que contempla la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, sobre aquellas observaciones en las que se determinó un presunto daño patrimonial o en las que pudiera existir una falta administrativa grave.

Dicha indicación en su caso, también incluirá el substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, y promover las acciones ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para la imposición de las Sanciones a que haya lugar, así como la formulación de las denuncias penales que se desprendan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por aquellos hechos presuntamente constitutivos de un delito.

Con respecto a las observaciones que pudieran configurar faltas administrativas no graves, se notificarán a los Órganos Internos de Control de los Poderes Públicos, de los Organismos Autónomos y de los Municipios, con la finalidad de que lleven a cabo la Investigación a que haya lugar, y en su caso, substancien el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, e impongan las sanciones administrativas que en derecho correspondan.