La organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien el pasado 26 de septiembre recibió una pena de 9 años de prisión, tras declararse culpable de dirigir una organización criminal que operó en al menos tres estados y a través de la cual se desviaron millones de recursos públicos.

La organización TOJIL califica la pena de 9 años como “desproporcional” y señala “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” por lo que solicitan que el caso sea analizado minuciosamente y se determinen las irregularidades penales o administrativas que pudieran haberse cometido “por acción u omisión de los servidores públicos a cargo de la investigación”.

La denuncia plantea que estas posibles irregularidades en el proceso, así como la sentencia impuesta, de apenas 9 años, derivan de las deficiencias operativas de la misma Procuraduría, y no de las reglas que el sistema penal acusatorio posee, tal como algunos detractores han señalado.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta completamente desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Agregan que a pesar de presentar el recurso, “en este momento no se está señalando a nadie como culpable”, sino que solo se advierte la presencia de posibles anomalías.

La denuncia es apoyada por las organizaciones: Reinserta; el Instituto de Justicia Procesal Penal; Elementa México, y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho.

Las organizaciones esperan que la denuncia proceda para que se dote a toda la ciudadanía de certeza jurídica respecto de los hechos ocurridos que de ninguna manera deben quedar impunes.

El pasado miércoles 26 de septiembre Javier Duarte recibió una sentencia de nueve años de prisión al aceptar su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, además del decomiso de 40 bienes y el pago de 58 mil pesos de multa. Lo anterior es resultado del proceso penal que inició la PGR en su contra por el uso de empresas fantasma para el desvío de recursos.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado. El exgobernador de Veracruz aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz ante un juez local de Ciudad de México. Uno de ellos por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.

Hace unos días, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, comentó a Animal Político que por ambos procesos el Ministerio Público solicitará al juez una condena de al menos 15 años de cárcel.

Además, pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar. Una de las órdenes es por delitos electorales, toda vez que se responsabiliza a su administración de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, mientras que la otra orden es por desaparición forzada, por la presunta desaparición sistemática de personas a manos de policías estatales en la administración de Duarte.

Estas dos órdenes no se han ejecutado porque los casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril de 2017.

Finalmente, tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz informaron que tienen carpetas de investigación abiertas vinculadas con Javier Duarte de las que no se pueden dar mayores detalles, sumado a las denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la PGR por el posible desvío de 61 mil millones de pesos.