Durante la sesión extraordinaria del Congreso local, los diputados aprobaron una reforma al Código Penal para castigar el delito de acoso cibernético.

Las reformas imponen de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano.

El Acoso Cibernético se erige como un nuevo delito que busca a través de medios telemáticos crear una atmósfera de burla o rechazo hacia una persona que provoque su derrumbe moral. Quizás el mayor daño que se consigue por parte del acosador hacia la víctima, es la manipulación psicológica de ésta, pues la expone al desprecio, la humillación y el ataque a su dignidad.

Esta alteración que el acosador fomenta, crea en el subconsciente de la víctima una “situación virtual” que altera su estado normal, que le hace creer que todo es verdad e incluso que es merecido ese ataque.

El vacío jurídico creado por Internet fomenta la brecha entre la ley y el mundo virtual. Esta situación, desde el punto de vista legal, propicia la indefensión hacia las personas.

Que el Acoso Cibernético no estaba tipificado como tal en el Código Penal del Estado ni del país, al ser un fenómeno moderno y éste, es, entre otros, el principal problema que se nos plantea, porque medidas preventivas pueden existir o se pueden aconsejar, pero si no existe una herramienta eficaz que lo castigue muchos casos quedarán en el olvido, pero a costa de la vida y la salud de muchas personas, entre ellas menores de edad.