El Director General de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, Óscar Ocampo Acosta, dio a conocer que el martes de la próxima semana servidores y exservidores públicos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, acudirán a la audiencia de descargo de pruebas y alegatos con motivo de las observaciones en la Cuenta Pública 2016 que presumen la existencia de daño patrimonial.

Manifestó que los responsables podrán declarar lo que a su derecho convenga con relación a las imputaciones que les fueron formuladas.

“Van a tener la oportunidad de ofrecer pruebas y formular sus alegatos por sí, o por medio de un defensor”.

No obstante, Ocampo Acosta refirió que la auditoría financiera, por ser parte del ejercicio fiscal 2016, se está revisando con la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas que fue derogada el 18 de diciembre del 2017.

Por esa razón, al terminar la audiencia de pruebas y alegatos del próximo martes, el ORFIS tiene un plazo de 45 días hábiles para emitir la resolución correspondiente.

Y ante la posibilidad de que continúe el presunto daño patrimonial, los servidores y exservidores públicos de la UPAV pueden recurrir al derecho de interponer un recurso de reconsideración.

De ser así, el ORFIS tendrá otros 30 días hábiles para emitir la resolución final, que sería hasta la última semana de enero del 2019, toda vez que se atraviesa el periodo vacacional de invierno, por ello, se estima que en la última semana de enero del próximo año se estará emitiendo la resolución final sobre ese caso en particular.

De persistir el daño patrimonial en la UPAV por el ejercicio fiscal 2016, se habrán de presentar las denuncias penales correspondientes.

El funcionario del ORFIS dijo que como resultado del análisis del Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría Financiera de la UPAV del ejercicio fiscal 2016, se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores y exservidores públicos, que hacen presumir la existencia de daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, por lo que el ORFIS notificó al ente fiscalizable y a la Contraloría General del Estado.