Ayer lunes surtió efecto el Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría de Legalidad y Auditoría Financiera de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado.

Como resultado del análisis del Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría de Legalidad de la UPAV se detectaron observaciones, consideraciones jurídicas y valoración de las mismas que el ORFIS deberá notificar al Ente Fiscalizable y a la Contraloría General del Estado.

Y como resultado del análisis del Informe Complementario de la Extensión a la Auditoría Financiera de la UPAV, se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores y ex servidores públicos, que hacen presumir la existencia de daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, estas últimas, el ORFIS las deberá notificar al Ente Fiscalizable y a la Contraloría General del Estado.

En cuanto a las observaciones de Legalidad y las observaciones de carácter resarcitorio, se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior dar inicio a la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos, cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos y recaudados en el año 2016 y que, presumiblemente, afectaron a la hacienda pública estatal; así como, promover las demás acciones de responsabilidad que deriven ante las autoridades correspondientes, principalmente las de carácter penal.

Mientras que la Contraloría General del Estado deberá dar seguimiento a las observaciones de legalidad y administrativas que le notificará el ORFIS y en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos.

Y deberá informar a más tardar el 30 de este mes al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y al Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya aperturado.

Asimismo, deberán de presentar a ambas instancias un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones administrativas notificadas, de acuerdo con la Ley en Materia de Responsabilidades en un plazo que no exceda el 31 de diciembre de 2018.