La Contraloría del Ayuntamiento de Xalapa determinó inhabilitar del servicio público en los próximos cuatro años a tres exfuncionarios municipales de la pasada administración a cargo de Américo Zúñiga Martínez en el Ayuntamiento de Xalapa, por su presunta responsabilidad en la  omisión de información durante el pasado proceso de entrega-recepción.

Se trata de la ex titular de la Sindicatura, Michelle Servín González, del ex titular de la Tesorería municipal, Carlos Alberto Durante Sedas y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Mardoqueo Calderón Fernández.

El contralor del Ayuntamiento de Xalapa, Eduardo Valente Gómez dio a conocer que como resultado del proceso de Entrega-Recepción se iniciaron diez investigaciones a exfuncionarios de la pasada administración, de las cuales tres fueron concluidas "imponiendo inhabilitación para ejercer el servicio público por el plazo de los próximos cuatro años" a los titulares de las áreas antes mencionadas.

En el caso de la Sindicatura, dijo que "omitió entregar todos los contratos y convenios formalizados en su carácter de representante legal del Ayuntamiento, informar el estado de los asuntos tratados por las comisiones de las que era integrante; el inventario de los bienes muebles e inmuebles municipales", irregularidades que dijo: "han obstaculizado seriamente a esta administración para dar continuidad a los compromisos asumidos por la pasada gestión, así como desconocimiento de la situación que guardaban de los recursos humanos, materiales y de archivos de todo el municipio".

Sobre la Tesorería, el contralor Eduardo Valente dijo que "omitió entregar los archivos de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones, condonación de multas fiscales y de copias certificadas expedidas, documentación que acreditara la legalidad de beneficios fiscales concedidos a particulares; el procedimiento relativo a guarda, custodia y liberación de fianzas, asuntos en trámite que se relacionaron como archivos históricos". Agregó que además se detectó que la plantilla de personal no correspondía al personal que realmente laboró en esa área" , resultando en el desconocimiento de la existencia de beneficios fiscales concedidos a particulares, las condiciones por las cuales se otorgaron dichos incentivos así como la situación que guardaban los recursos humanos, materiales y de archivos de la Tesorería".

Sobre la información de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el contralor de la actual administración presidida por Hipólito Rodríguez Herrero expuso que omitió entregar el contrato celebrado con un particular para la defensa de los juicios laborales contra el ayuntamiento; la relación adecuada de expedientes de juicios laborales en los términos siguientes: "dos juicios laborales en trámite, 28 juicios laborales concluidos y que se encontraron físicamente en el área, tres expedientes de depósito de condiciones generales de trabajo de sindicatos de trabajadores municipales, diez audiencias laborales que debieron relacionarse con asuntos prioritarios durante los primeros 90 días de esta administración".

Este presunto incumplimiento derivó en que se desconociera la situación jurídica que guardaban los expedientes labores tramitados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de los que el ayuntamiento era parte.

Eduardo Valente Gómez dijo que seguirá informando las acciones derivadas de esa presunta irregularidad.

Precisó que fue la Contraloría de la actual administración la que determinó que amerita como sanción la inhabilitación. "La Contraloría tiene esa función de acuerdo a la Ley", aseguró.

Dijo también que la Contraloría General del Estado fue a su vez notificada de esta falta de información.