El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Víctor Manuel Andrade Guevara, consideró necesaria una reforma constitucional para quitar al titular del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y dársela al Consejo de la Judicatura.

De lo contrario, dijo que el Poder Judicial continuará como hasta hoy, débil e incapaz de administrar justicia, controlado por el gobernador en turno, y convertido en una agencia de colocación de políticos convertidos en magistrados.

En ese sentido, aseveró que tal es el caso del actual presidente del TSJ, Edel Humberto Álvarez Peña, quien ha tenido una carrera política y no judicial; e incluso, se ha llegado al extremo de colocar magistrados sin carrera policía, ni judicial, como es el caso de Amadeo Flores Villalba.

Entre los personajes que han brincado del escenario político a una magistratura han sido Eduardo Andrade Sánchez, Francisco Portilla Bonilla e Ignacio González Rebolledo, ya retirados, entre otros.

Agregó que en la recta final del actual gobierno estatal y en la víspera de la entrada de la nueva administración, se está en una buena oportunidad para resolver esa inconsistencia.

El investigador universitario, aseveró que, de no reformarse el referido artículo, se seguirá teniendo un déficit de calidad en la selección de los magistrados, se seguirán teniendo las consecuencias de un TSJ que históricamente ha carecido de independencia, que está sujeto al Poder Ejecutivo y a la dinámica de las fuerzas políticas.

Como otro ejemplo citó la postergación del nombramiento de los 12 nuevos magistrados del TSJ, que no debieron jubilarse hasta que se tuvieran nombrados a los sustitutos.