Durante 2018 se han cometido 15 crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) en el Estado de Veracruz, el último de estos fue el de Alaska Bout en el municipio de Martínez de la Torre, así lo dio a conocer la activista, Jazz Bustamante.

Entrevistada vía telefónica, la integrante del Frente Nacional Feminista lamentó que a pesar de esta situación, las autoridades han demostrado que este tipo de crímenes de homofobia y transfobia no son una prioridad para la Fiscalía General del Estado, pues solo el 5 por ciento de estos casos han concluido con una sentencia.

“Con el caso de Alaska en Veracruz se tienen 15 casos, lo que nos coloca en el tercer lugar nacional, tan solo detrás de Guerrero, de ahí Estado de México y Veracruz, de enero 2018 a la fecha, casos mortales, de los cuales se han resuelto ya 3, aunque hubo ciertas cosas como presión social para resolverlos”, indicó.

Asimismo, destacó que solo un 25 por ciento de los casos se denuncian por parte de un familiar, por lo cual además de ser víctimas de un asesinato físico también lo son de un asesinato social pues no se respeta su identidad de género como mujer además de generar estigmas y prejuicios.

Por lo anterior, dijo que el caso de Alaska Bout debe ser considerado un crimen de odio pues hubo tortura, además de que su cuerpo fue arrastrado y arrojado a orillas del Río Filobobos, y le enredaron un alambre de púas en el cuello, lo que obliga a la FGE aplicar la reforma al Artículo 133 constitucional que determina una pena máxima de hasta 45 o 50 años de prisión.

“Ese 5 por ciento de los casos que llegan a una sentencia es ridículo porque deja en claro que existe la impunidad, existe impunidad total, no están haciendo las fiscalías lo que les corresponde, aplicar las agravantes cuando es considerado un feminicidio o un crimen de odio, no están aplicando el protocolo de atención a víctimas LGBTTTI que sacó la PGR hace un par de meses, van muy atrasadas las fiscalías”, apuntó.

Finalmente, agregó que las y los fiscales que atienden estos casos de crímenes de odio utilizan como pretexto la falta de recursos, sin embargo la realidad es que no hay capacitación para que los funcionarios sean sensibles a estos temas.