La Diputación Permanente de la LXIV Legislatura dio entrada a la iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, presentada por la diputada Cinthya Lobato Calderón, que tiene por objeto señalar que corresponde al Órgano Interno de Control del IVAI vigilar que las normas, procedimientos administrativos y contables se apliquen eficientemente, conforme a los lineamientos establecidos por las leyes en la materia y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

La iniciativa refiere que aun cuando la citada ley fue reformada en diciembre de 2017, ésta aún conserva en su redacción elementos que se contraponen con la nueva Ley de Contabilidad, por lo que es necesario reformar su contenido para cumplir con la armonización legislativa.

Subraya que el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos.

Lo anterior a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso

-Prevé reforma a la Ley de Protección a la Maternidad-

La diputada Cinthya Lobato también presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a la Maternidad del Estado con el propósito de suprimir la fracción VII del artículo 11, toda vez que esta disposición contraviene el derecho de la mujer a la libertad de decisión, tal como lo prevé el Sistema de Naciones Unidas.

La diputada recordó el contenido de la fracción a derogar, es derecho de la mujer “recibir ayuda psicológica o psiquiátrica, durante el embarazo o después del parto, cuando se trate de embarazos no previstos o no deseados. Esa ayuda se hará extensiva a su padre, madre y a otros familiares que la tengan a su cuidado, principalmente cuando la embarazada sea menor de edad”.

Sin embargo lo anterior, sin duda podría implicar que se obligue auna mujer o niña embarazada como producto de unaviolación, se vea obligada a recibir una coacción psicológica a fin de que el producto llegue a término, sin su consentimiento informado.

Este derecho fundamental incluye el derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, añadió.

La propuesta legislativa sostiene que las violaciones de la obligación de respeto se producen cuando el Estado a través de leyes, políticas o acciones, atente contra el derecho a la salud sexual y reproductiva, e incluye la intervención del Estado en la libertad del individuo para controlar su propio cuerpo y su capacidad para tomar decisiones libres, informadas y adoptar decisiones responsables en este sentido.