Familiares de Erick Bello Alfaro, joven que resultó gravemente herido tras sufrir un accidente vehicular el pasado 19 de octubre, solicitaron la intervención de la gobernadora, Rocío Nahle, para que haya justicia.

En entrevista, Lorena Bello, madre del joven, explicó que los hechos ocurrieron en la carretera federal Xalapa - Perote a la altura de la localidad de La Joya Chica, cuando un automóvil Chevrolet Onix 2024 color azul, le habría hecho corte de circulación a la moto de Erick, por lo que ocurrió el impacto que lo hirió gravemente.

“El testigo explica que iba el carro adelante de ellos y tajantemente hace un corte de circulación a la altura de Joya Chica. El conductor no hizo nada, no se orilló para nada, él no puso intermitentes, simplemente tomó la decisión de cortar la circulación a mi hijo que se impacta y sale a un lado de la carretera, cae en una cuneta donde había pasto afortunadamente y es un amigo de mi hijo quien baja, corre y lo auxilia, ya que en ese lapso este joven se queda en su carro”, expresó.

Erick tuvo un edema cerebral severo, fractura maxilofacial, lesiones en la pelvis, luxación de pierna y contusiones múltiples; estuvo internado varios días.

Desde el momento del accidente, dijo su madre, han quedado en evidencia diversas irregularidades, omisiones e incluso influyentismo por parte de quien habría causado el percance.

“La familia del responsable llegó y comenzó a hablar con Guardia Nacional a lo cual se nota un favoritismo, no lo iba a detener porque él era menor de edad, lo cual era mentira”

Por su parte, Daniela, pareja del lesionado, acusó trato parcial y negativo por parte de la fiscal número 8 de la Unidad de Atención Temprana, Eva Teresa Gómez Valderrama, quien, según relató, “determinó que mi pareja era culpable antes de siquiera integrar la carpeta”.

Aseguró además que la fiscal se negó a recibir la documentación del abogado que acreditaría su representación legal, argumentando que Erick “no necesitaba un asesor, sino un defensor”.

Su familia pide la revisión del caso y sanción a los funcionarios involucrados, así como apoyo para solventar los gastos médicos que, hasta el momento, han corrido completamente por su cuenta.