El que fuera fiscal general de México durante una de las peores tragedias que se recuerdan, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha sido detenido este viernes. La Fiscalía acusa a Jesús Murillo Karam de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.

El exfiscal ha sido capturado un día después de que la Comisión para la Verdad, un comité creado para aclarar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre, concluyera que la persecución y secuestro de los jóvenes estudiantes de Magisterio, así como una cadena de negligencias en la investigación, constituyó “un crimen de Estado”.

Murillo Karam, la cabeza visible de la gran cantidad de errores denunciados, que han impedido acceder a la verdad y la justicia desde hace ocho años, es el primer político de alto nivel que se sentará en el banquillo por el caso que cimbró el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam ha sido detenido en su casa este viernes y, según un comunicado de la Fiscalía, “colaboró con las autoridades sin oponer resistencia”. El exfiscal había sido señalado también por una posible participación en tramas de contrataciones ilícitas de equipos de espionaje y aeronaves.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló el jueves al presentar el informe de la Comisión, que las autoridades federales del más alto nivel fueron “omisas y negligentes”. Encinas no dio nombres explícitos, pero el máximo encargado de esta investigación fue Murillo Karam, el hombre fuerte del PRI de Peña Nieto, que semanalmente informaba en ruedas de prensa de los escasos y contradictorios avances que presentaban las pesquisas encontradas.

Murillo Karam ha sido acusado por los padres de las víctimas de ser uno de los principales autores de la conocida como “verdad histórica”, una versión oficial de lo sucedido esos días en Iguala que otros informes de organizaciones internacionales y las últimas conclusiones del comité han señalado como falsas después.

Encinas acusó a esas “autoridades de alto nivel” de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”. Se refería Encinas, entre otras cosas, al montaje del Río San Juan, una de las teorías de la actual administración de la Fiscalía, que plantea que marinos y agentes de la vieja Fiscalía colocaron huesos de uno de los 43 en el río, Alexander Mora, apuntalando la versión del basurero, que el Gobierno de Peña Nieto mantuvo años después.

El subsecretario fue más allá y denunció que “las acciones, omisiones y participación de autoridades federales y estales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”. Un misil cargado contra el anterior Gobierno, especialmente contra el jefe de la Fiscalía de entonces, además del Ejército, que en la época mantenía una importante presencia en Iguala. En la noche del ataque y la madrugada posterior, soldados y oficiales se movieron por Iguala y alrededores. Además, la Secretaría de la Defensa monitoreó en tiempo real las comunicaciones de varios de los integrantes de la red criminal de la zona. Pese a ello, su intervención en apoyo de los normalistas fue nula. Actualmente, un capitán del Ejército, presente en la noche de los hechos, está preso por colaborar presuntamente con Guerreros Unidos.

La Comisión explicó el jueves por primera vez que “no hay indicios” de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo. Se trata de la primera vez que un alto funcionario del Estado verbalizaba en público, en un acto oficial, un comentario repetido cantidad de veces en la intimidad estos años. La posibilidad de que alguno de los 43 apareciera con vida era remota. El mes que viene se cumplen ocho años del ataque y en este tiempo se han encontrado restos óseos de tres de los 43. Pero ni una pista del posible paradero en vida de ninguno.