La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo negó suspender la entrada en vigor de la ley, como había solicitado el Municipio y ordenó notificar al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal y las demás autoridades señaladas como responsables.

“Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído”, indicó el ministro.

El municipio de Cholula argumentó en su demanda que la Ley violenta su autonomía al disponer que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la seguridad pública del país.