El Paquete Económico 2020 propone a la Cámara de Diputados aprobar un monto de mil millones de pesos para el programa de separación voluntaria y así continuar con la reducción de personal dentro de la administración pública federal.

Los recursos servirán para hacer frente a las obligaciones de las plazas que se eliminarán, sobre todo de directores generales adjuntos, más los que decidan retirarse de otros niveles, como personal de confianza y de gabinete.

De acuerdo con el analítico de plazas y remuneraciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se podrían eliminar 479 plazas de directores generales adjuntos, que generarían un ahorro de más de 700 millones de pesos.

Lo anterior, como parte de la política de austeridad federal y reestructura en las dependencias y entidades del sector público.

Según la estructura organizacional de la administración pública, los directores generales adjuntos pertenecen al Grupo L del personal de mando, es decir, cuatro lugares abajo del secretario de Estado, subsecretario, jefe de unidad y director general.

Se trata de servidores con un sueldo mínimo de 69 mil 187 pesos mensuales y máximo de 82 mil 555 pesos, con prestaciones en efectivo y especie de entre 17 mil 698 pesos y 20 mil 494 pesos al mes.

El monto propuesto para el programa de separación voluntaria no aumenta, ya que es la misma cantidad que se aprobó para el ejercicio fiscal vigente de 2019.

Los recursos servirán para el pago de tres meses de sueldo mensual bruto de los servidores que decidan acogerse al programa.

También para el pago de 20 días de sueldo mensual bruto por cada año de servicio, 12 días de sueldo mensual por cada año de servicio, el pago de 14 meses de salario mensual bruto, compensación económica y el pago de prima por años de servicio con base en la norma que regula el Programa de Separación Voluntaria.

En el gasto 2020 se menciona en la estrategia programática que el Programa de Separación Laboral es un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la administración pública, la desincorporación de entidades, la cancelación de plazas o la eliminación de unidades administrativas de dependencias o entidades.

Los recursos destinados para esta partida no han variado en los últimos dos años. Para 2018 se aprobaron 890 millones 216 mil 398 pesos.

Dicho monto fue similar al que diputados avalaron para 2017, con una partida de 882 millones 447 mil 741 pesos, respetando la cantidad que propuso el Ejecutivo.

Sin embargo, 2016 fue el año en que este programa contó con los mayores recursos aprobados, por 2 mil 135 millones de pesos, tomando en cuenta que se estimó que un total de 15 mil 825 servidores públicos perderían su trabajo por recortes presupuestales.

Información de la subsecretaría de Egresos de Hacienda indica que hasta el primer semestre de 2019 se habían devuelto 8 mil 353 plazas como resultado de la reestructura de las áreas, eficiencias y evitar duplicidad de funciones.

En muchos de los casos se devolvieron plazas que estaban vacantes. Según la dependencia, no representaron un ahorro de recursos porque ya había un recorte en la nómina.

De los mayores ajustes de personal, destaca el del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 2 mil 221 servidores que dejaron de laborar en el órgano recaudador de impuestos.

En septiembre de 2018 había 35 mil 660 trabajadores en el SAT, que representaban un costo de 9 mil 309 millones de pesos; al cierre de junio de 2019 quedaron 32 mil 879, con un costo para el erario de 4 mil 823 millones de pesos. En años anteriores el SAT llegó a tener más de 37 mil servidores.

EL UNIVERSAL publicó la semana pasada que la Cuarta Transformación planea echar a andar el gobierno federal en 2020 con 10 mil servidores públicos menos que los registrados al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.