La cuarta parte de los policías estatales del país carece de formación para ejercer labores de seguridad y más de la mitad no aprobó las evaluaciones de sus competencias, ni de su experiencia como integrante de las corporaciones estatales, cuando los gobiernos locales están obligados a certificar a todos sus policías a más tardar el 9 de septiembre de 2019.

Además de los controles de confianza, a partir de 2018 los 128 mil 922 policías estatales de todo el país deberán acreditar que cuentan con competencias básicas para desempeñarse en labores de seguridad, además de que su desempeño ha sido adecuado, pero ese proceso de certificación tardará todavía dos años.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, del total de policías estatales operativos, 31 mil (24 por ciento) carecen de formación inicial o equivalente, 73 mil (56.8 por ciento) no tiene evaluación aprobatoria en competencias policiales y 79 mil 838 (que representa 61.9 por ciento), tampoco tiene evaluación aprobatoria del desempeño.

Mientras que en el renglón de control de confianza suman 27 mil 353 policías sin evaluación aprobatoria vigente, cifra en la cual se incluye a los 8 mil 921 que no aprobaron esos exámenes.

En el caso de los policías que no aprobaron los controles de confianza, de acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial elaborado por Gobernación, primero deben separarse de toda actividad operativa o con acceso a información sensible y posteriormente debe ser dados de baja, previa indemnización.

La dependencia informó que a partir de enero de 2018, los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas iniciarán la emisión del Certificado Único Policial, con el cual cada elemento acreditará que cuenta con el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones.

Para ello deberán aprobar cuatro tipo de evaluaciones: la de control de confianza, competencias básicas o profesionales, desempeño y la formación inicial requerida.

Este certificado se creó desde septiembre de 2016 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se otorgó un plazo de tres años para su plena vigencia, pero será hasta 2018 cuando se inicie su emisión por los centros de control de confianza.

De acuerdo con Gobernación, la meta es que para el próximo año la mitad de los policías estatales estén certificados y ciento por ciento en 2019, cuando se cumple el término establecido.

Adicional a estos requerimientos mínimos de capacidades, todos los policías estatales deben recibir una capacitación práctica de mínimo 30 horas al año con tres talleres obligatorios acerca del funcionamiento del Sistema de Justicia Penal sobre la función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el taller de investigación criminal conjunta que incluye labores de prevención e investigación.