Gerardo Peña Avilés esquivó al personal de seguridad. Caminó con paso firme y en sentido contrario a la Suburban plateada en la que viajaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Era el encuentro que había buscado desde hace un año para contarle la otra versión de la historia: la lucha del pueblo indígena yoreme-mayo contra la empresa de capital suizo-alemán que construye la fábrica de producción de fertilizantes sobre el humedal protegido como Sitio Ramsar, en Topolobampo, Sinaloa.

El 9 de junio acompañó a los indígenas y pescadores que recorrieron 14 kilómetros desde casa hasta el Aeropuerto Internacional de Los Mochis.

Estaban los vecinos de la recóndita comunidad de Lázaro Cárdenas que viajaron en embarcaciones, los pobladores de Paredones y Ohuira que se trasladaron en autobuses, o los que se movieron en su propio auto. Mientras Gerardo Peña caminaba al encuentro, los aproximadamente 600 manifestantes abandonaban los puestos que tenían bajo el arco que da la bienvenida a Los Mochis, Sinaloa, y construyeron una muralla humana que bloqueó el camino del vehículo.

Tapizaron la vista de López Obrador con pancartas que repetían la misma consigna: ¡Aquí no!

Gerardo Peña, pionero de la lucha desde hace cuatro años, caminaba hacia el cerco humano, en la mano derecha sostenía el expediente con los documentos que, según él, comprueban las ilegalidades del proyecto. Llegó a la ventanilla del vehículo y estrechó la mano del copiloto.

Del encuentro recuerda esta conversación: “Presidente, bienvenido. Tenemos este problema: la planta de amoniaco no la queremos aquí. Lo están engañando. Aquí en el expediente le estoy describiendo las irregularidades, aquí están los documentos en los que la Semarnat lo rechazó al principio”. López Obrador no responde.

“Señor Presidente, ayúdenos con este tema, ¡revíselo, por favor! Estamos muy preocupados porque es la muerte de la bahía y además está todo lleno de ilegalidad”, dijo Gerardo Peña.

“Lo voy a revisar. Me comprometo a revisarlo”, responde el Presidente.

“Se lo encargamos mucho, Presidente, por favor”, le pidieron.

La lucha

Durante los más de 22 años que Alejandro Álvarez Armenta se ha dedicado a la pesca no había experimentado el miedo en este oficio. Ahora teme que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que construye la fábrica de producción de amoniaco anhidro, destruya el sistema de lagunas Santa María-Topolobampo-Ohuira, el mismo sitio donde él lanza su red de pesca cada temporada.

“Con lo de la planta tenemos miedo, porque se va acabar [el empleo], porque la planta va a tirar ahí sus desechos. Y hay biólogos que hicieron estudios y nos dan de tres a cinco años para que se acabe [la pesca]”, lamentó.

Alejandro Álvarez vive en la comunidad de Lázaro Cárdenas, que pertenece a Topolobampo. Aquí habitan aproximadamente 40 indígenas yoreme-mayos, a quienes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no les preguntó si querían vivir al lado de la fábrica que producirá 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, según la empresa.

Cansados de cinco años de protestas, en septiembre de 2018 interpusieron el juicio de amparo indirecto 528/2018, en el Juzgado Sexto de Distrito de Sinaloa, contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat por autorizar la construcción de la nave industrial sin consultarlos.

En la región de Topolobampo se localizan cinco comunidades: Lázaro Cárdenas, El Muellecito, Paredones, Carrizo Grande y Ohuira. En esta zona junto al Golfo de California habitan 10 mil 150 habitantes: 25% son indígenas y 12% habla una lengua originaria.

Viven en su mayoría cerca de alguno de sus 11 centros ceremoniales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

GPO construye la nave industrial en las lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira, un humedal al que en 2009 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorgó la denominación de Sitio Ramsar para la conservación de esos terrenos, de acuerdo con la página web oficial. En esta bahía, 3 mil hombres practican la pesca tradicional y de altamar.

A la lucha jurídica de los pobladores de Lázaro Cárdenas se unieron sus vecinos de Paredones, quienes acusaron también a la Semarnat de negarles el derecho a ser consultados en la decisión de autorizar la instalación de la fábrica al lado de su hogar, juicio de amparo indirecto 628/2018, lo que contraviene los postulados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

A esta inconformidad se alió la comunidad de El Muellecito, que considera que el gobierno quebrantó su derecho a vivir en un medio ambiente sano, e interpuso el juicio de amparo indirecto 724/2018.

“No hubo consulta indígena. En México, cualquier obra que se haga en un territorio donde haya [una] comunidad indígena necesita apegarse al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo”, explicó Rosendo Castro, ambientalista y miembro del Colectivo Ecológico Aquí No.

La empresa

La compañía fue constituida en 2013 por el empresario atunero José Eduvigildo Carranza Beltrán y Grupo Proman, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa; sin embargo, el sinaloense aseguró a medios que renunció a sus acciones en 2015.

En entrevista, Arturo Moya, director general de GPO, defiende que el “proyecto continúa avanzando de manera favorable” y que la construcción de la fábrica será en octubre de este año, al contar con “todos los permisos y trámites que el Estado mexicano requiere, así como el del Estado alemán”.

Proman es el segundo productor más grande de metanol en el mundo y uno de los principales productores de amoniaco, explica. La inversión inicial estimada asciende a mil 230 millones de dólares. Este proyecto contempla abastecer el mercado local de fertilizantes y exportar los excedentes al resto del continente americano, dice

A pesar del rechazo de los pobladores a la instalación de la fábrica en su comunidad, sostiene que el proyecto energético no será reubicado.

“Contemplamos que en menos de un mes queden resueltos los dos amparos que aún están vigentes. De los tres amparos, uno fue archivado y tenemos el desistimiento”.

Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa, afirmó ser consultor del proyecto, mientras que Arturo Moya asegura que el involucramiento del exmandatario estatal, Mario López Valdez, fue “coyuntural”.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ha manifestado su apoyo al proyecto extranjero. Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía del Estado, quien ha hablado antes del tema, negó conceder entrevista. La misma negativa se recibió por parte de Semarnat.

López Obrador ha manifestado el interés de reactivar las fábricas inoperantes de producción de amoniaco, un producto químico que es la base para la producción de fertilizantes, con el propósito de abastecer la demanda del campo.

Luego de la denuncia de la adquisición irregular de la planta Agronitrogenados, en la que está acusado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, el Presidente se refirió a la planta de Topolobampo.

“Hay en construcción una planta de fertilizantes en Sinaloa que no es suficiente, pero se está construyendo, creo que con capital alemán y suizo. Sería abastecer como 20%, 30% de la demanda”, dijo el 28 de mayo en su conferencia de prensa matutina.

A lo lejos se observa la plancha de cemento que cubre una fracción del humedal. Es la base en la que se edificará la futura nave industrial. Hace cinco años, parte de la Bahía de Ohuira fue rellenada con tierra y piedra y la superficie fue revestida con cemento que cubrió el bosque de manglar y zona de reproducción de la larva de camarón.

“El relleno causó alteraciones en las corrientes litorales de la laguna y arrojó una gran cantidad de materiales, sedimentos y lixiviados, que fueron incorporados al agua, afectando su calidad”, revela Diana Escobedo Urías, investigadora del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Sinaloa.

Ante la declaración del Presidente, Gerardo, pionero de la lucha, le dijo: “No vamos dejar la lucha en lo legal. Es más, vamos a poner más esfuerzo”.