La disputa por la nueva forma de repartir los recursos para las estancias infantiles va agotando instancias. Quienes se oponen a que el gobierno federal entregue el dinero directo a las madres trabajadoras han abierto frentes en el ámbito judicial, en los organismos de protección de derechos humanos y ahora podría ser en el Poder Legislativo.

Una vez que la Secretaría del Bienestar ha rechazado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Senado de la República podría llamar a comparecer a su titular, María Luisa Albores. Esa dependencia es la que opera el programa de cuidado de niñas y niños, cuyas madres trabajan sin seguridad social.

De acuerdo con información de la CNDH, cuando una autoridad rechaza una recomendación, “se podrá solicitar la comparecencia ante el Senado”. Hasta ahora, la comisión sólo ha señalado que analiza la respuesta de la Secretaría del Bienestar.

Y en esa respuesta la Secretaría no se anduvo por las ramas. Explicó, sin mucha diplomacia, por qué la rechaza. Señaló que la CNDH no demuestra los perjuicios a los beneficiarios y pondera el interés económico de entes privados. En suma, que excede sus facultades y muestra un desconocimiento de las que tienen las dependencias federales.

Los antecedentes

Este 2019 la Secretaría del Bienestar hizo un cambio radical en la política de entrega de recursos para el programa de estancias infantiles. Desde 2007, cuando inició esta política de gobierno, el dinero se enviaba a las guarderías.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que ahora las mamás y los papás recibirían directamente esos recursos. Uno de los argumentos fue que encontraron un “padrón inflado”.

Las listas que les entregaron funcionarios de la anterior administración tenían a 330,000 niños. Después de realizar un censo, la Secretaría del Bienestar encontró que en realidad sólo había 213,000 en las instancias.

La respuesta de Bienestar

Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres, además de políticos opositores al actual gobierno han insistido en que los recursos vuelvan a entregarse directamente a los operadores de las estancias infantiles.

Madres y padres de familia, así como dueñas de las guarderías particulares han interpuesto 1,290 juicios de amparo contra las nuevas medidas. La CNDH atrajo el caso y emitió la recomendación 29/2019.

Una recomendación es una especie de conclusión. En el caso de la CNDH estas recomendaciones determinan si los derechos humanos han sido violados, responsabilizan a las autoridades y les indican cómo restituir o reparar el daño.

Las autoridades analizan las recomendaciones y deciden si las aceptan o no. Si la rechazan, el Senado puede llamar a comparecer a los funcionarios para que expongan sus argumentos.

Y la Secretaría del Bienestar no aceptó la recomendación de la CNDH. En un comunicado, la dependencia afirmó que las nuevas reglas de operación no transgreden “el principio de progresividad y no regresividad”. Cumplen con el objetivo de apoyar a que las mamás sigan trabajando “ya que cuentan con un apoyo económico para el cuidado de sus hijas e hijos”.

La nueva forma de operar permite que sea la familia, como núcleo esencial de la sociedad, la que decida libremente sobre la forma en cómo se aprovechan los beneficios del programa social que el Estado pone a su disposición, apunta la dependencia.

Le dice a la CNDH que no ha demostrado que entregar directamente los recursos a los beneficiarios –en lugar de hacerlo a un tercero— les genere un perjuicio. Tampoco justifica por qué considera que no son un mecanismo idóneo para hacer efectivos los derechos de niñas y niños.

Argumentar, “sin algún estudio en concreto” que los apoyos económicos podrían ser destinados a otras necesidades, “pone en duda” el actuar de esas familias. A su juicio, la CNDH pondera el interés económico de las Estancias Infantiles por encima de los derechos de las madres, padres y sus hijas e hijos. De las 290, 957 madres y padres en el programa, 0.7% se quejó de estos cambios.

Otra de las conclusiones de la comisión es que los trabajadores y dueños de las guarderías también han visto afectados sus derechos. Sobre esto, la Secretaría respondió que la CNDH sustenta esa acusación en que la afectación económica de esas estancias privadas. Las mismas que recibían un subsidio federal y que además cobraban adicionalmente por la prestación de un servicio.

“Resulta preocupante que la CNDH utilice datos imprecisos y argumentos infundados”, apunta la Secretaría. La comisión excede sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos cuando los amparos están por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN).