Diputados del Partido Acción Nacional lograron junto con organizaciones civiles y otros partidos a sentar jurisprudencia para obligar a que permanezcan las reglas de operación de 2018 con las que operaba el programa Estancias Infantiles.

La medida impacta a 329 mil niñas y niños, así como a 10 mil estancias a nivel nacional, que recibían pagos mensuales de 950 pesos por niño, directamente mediante las instituciones y no a los padres, como es la intención del Gobierno federal.

En un comunicado, el PAN reconoció el trabajo del Poder Judicial, que demostró su independencia del Poder Ejecutivo en este sentido y atendió los intereses de la sociedad y la justicia.

Señala que con esta jurisprudencia, todos los jueces del país tendrán que otorgar la suspensión definitiva a la medida impuesta por el gobierno de López Obrador y regresar a las prácticas del año pasado.

Esta causa en favor de la niñez de México, fue promovida en Chihuahua con la presentación de 176 amparos que solicitaban la reinstalación del programa de Estancias Infantiles.

A nivel nacional, se presentaron más de 4 mil amparos, de los cuales 511 tienen suspensión definitiva. Estas acciones fueron promovidas por Acción Nacional, pero también se sumaron los esfuerzos de otros partidos, así como de la sociedad civil.

En el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 del Gobierno de la República, se otorgaban 1,600 pesos bimestrales directamente a los padres lo cual podía ocasionar que utilizaran el dinero en otras necesidades.

El PAN resaltó que el actual programa cuenta con un censo muy mal elaborado, sin rigor metodológico y dejaba a los niños en situación vulnerable.

Es por ello que Acción Nacional se dio a la tarea de atender los principios del interés superior de la niñez, plasmados en la Constitución, y promover la progresividad de las políticas de desarrollo social que no deben ser regresivas.

En caso de que el gobierno federal no cumpla con esta sentencia, entraría en desacato, lo cual ya está ocurriendo en algunos casos, pues los jueces directamente han denunciado ante el Ministerio Público a quien resulte responsable.