A dos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Congreso no ha aprobado reformas esenciales para el funcionamiento de los sistemas de Procuración de Justicia y Nacional Anticorrupción, ni ha nombrado al auditor Superior de la Federación.

A unas horas de que termine el periodo ordinario de sesiones y reinicie labores hasta el 1 de febrero de 2018, faltan aún por nombrar los fiscales anticorrupción, electoral, General de la República, así como los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, que están atorados en el Senado.

En la Cámara de Diputados hasta ayer no había consenso para aprobar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con dos sesiones en puerta, el Senado tiene en la congeladora legislativa las reformas que son necesarias para la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la Nación, órgano autónomo del Ejecutivo federal.

Mientras que la PGR se encuentra acéfala desde el pasado 16 de octubre, cuando el entonces procurador Raúl Cervantes presentó su renuncia.

Ayer, en comisiones del Senado, se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados que elimina el pase automático de procurador a fiscal, lo cual fue considerado como un primer paso por los legisladores de oposición.

También está pendiente la aprobación del nuevo titular de la FEPADE de la PGR, pues el fiscal para los delitos electorales Santiago Nieto Castillo fue destituido desde el pasado 20 de octubre por supuestamente haber dado a conocer información relacionada con la investigación del caso Odebrecht en las campañas políticas.

Se prevé que mañana, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado decida quién será el sustituto de Nieto Castillo por un año.

Desde marzo pasado, la Jucopo de la Cámara Alta tiene detenido el nombramiento del fiscal anticorrupción de la PGR, el último de los siete espacios que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En ese proceso también están pendientes por aprobar 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar las faltas graves administrativas de servidores públicos y particulares que hayan incurrido en corrupción.