En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido 94 homicidios dolosos por día y cuatro cada hora. Entre diciembre de 2018 y enero de este año se registran un total de 5 mil 699 asesinatos en el país, la mayoría con arma de fuego, según las estadísticas mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“El homicidio en el país ha seguido a la alza, se sigue manteniendo la tasa y probablemente se va a seguir manteniendo al alza, esto debido a las decisiones de política pública que se están llevando”, consideró el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez.

“Cuando volteamos a ver en lo que se está concentrando el gobierno federal, te das cuenta que casi todos los esfuerzos están, por un lado, en generar la Guardia Nacional y, por el otro, en el robo de hidrocarburos, así como en la recomposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, afirmó.

Los estados más violentos en la era lopezobradorista son: Guanajuato, con 595 muertes en los primeros dos meses de gobierno; Baja California, 530; Estado de México, 518; Jalisco, 472; Chihuahua, 356; Guerrero, 340, y la Ciudad de México, 323.

Rivas Rodríguez reconoció que es difícil que en los primeros 100 días de la administración actual haya efectos inmediatos en la disminución de la incidencia delictiva, con las acciones implementadas hasta el momento.

“No se puede decir que el actual gobierno va hacia una mala ruta o si han bajado o no los delitos. Lo importante en términos de análisis es qué tipo de políticas están planteando, cómo se están plasmando, qué se piensa hacer, qué hay de claridad, para que sobre esa base se pueda analizar lo que está sucediendo.

“Si vemos, la incidencia delictiva, se fue para arriba, pero hay cosas que son de competencia federal, local, por lo tanto es una evaluación incompleta decir que es responsabilidad del gobierno federal. La otra son todavía efectos de las acciones del gobierno anterior”, dijo.

Falta claridad

Para el experto en seguridad Alejandro Hope hace falta claridad en la estrategia de seguridad de la nueva administración federal, puesto que creó una Secretaría de Seguridad y luego anunció que la Policía Federal será incorporada a la Guardia Nacional.

Aseguró que ese cuerpo de seguridad, aprobado por la mayoría de los congresos estatales, no tendrá mayor efecto en el corto plazo, debido a que las unidades de Policía Militar, Naval y Federal con las que iniciará operaciones este año están desplegadas en la República y la incidencia delictiva no registra una tendencia a la baja.

En materia de secuestro, la organización Alto al Secuestro reportó un aumento de 51.6% en las víctimas de este delito en enero, al sumar 229, contra las 151 contabilizadas en el mes de diciembre del año pasado.

Se cometieron en promedio cinco plagios diarios y 35 semanales en los primeros dos meses de la administración actual, por lo que suman un total de 317.

Los estados con mayor incidencia de este delito de alto impacto, en enero, son: Veracruz, con 51 secuestros; Estado de México, 26; Ciudad de México, 23; Puebla, 14, y Tamaulipas, registra 11.

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, calificó como “alarmante” el incremento de este delito en el país.

“Si bien es cierto que había manipulación de la estadística, ésta es una cifra escandalosa”.

Asesinan a 35 policías cada mes

La cifra de homicidios contra policías municipales, estatales y federales se mantuvo en 35 cada mes, el promedio registrado en 2018, durante los primeros 100 días del gobierno encabezado por López Obrador.

Según datos de la organización Causa en Común, en los últimos tres meses han sido asesinados 107 elementos en el territorio nacional en cumplimiento del deber, por asaltos y robos, lo que da un promedio de 35 mensuales; el año pasado la asociación civil contabilizó un total de 421 asesinatos.

Diciembre del año pasado fue el más letal para los uniformados, con 43 asesinatos; seguido de febrero, con 36, y enero, con 28, de acuerdo con el conteo diario que realiza Causa en Común.

Al momento, Michoacán encabeza la lista con 13 bajas de diciembre (2018) a febrero (2019), entre los que se encuentran tres elementos de la Policía Federal y cinco agentes del municipio de Tuzantla, estos últimos fueron levantados por la delincuencia organizada y sus cuerpos fueron localizados en la comunidad de Zitácuaro.

En segundo lugar está Guanajuato, con 11; seguido por Guerrero, nueve; Estado de México, nueve; Veracruz, siete, y Puebla, cinco.

Las emboscadas siguen siendo la principal causa de muerte de los efectivos, seguidas de las ejecuciones y los enfrentamientos, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, insistió en que los policías del país están desprotegidos, sobre todo a nivel municipal, ya que ese sector representa 57% del total de asesinados en lo que va de esta administración federal.

Expuso en entrevista que 17% son estatales; 14%, ministeriales; 5%, federales, y 5% del sistema penitenciario.

“Vemos que las policías más vulnerables son las municipales”, enfatizó.

Morera Mitre afirmó que Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Chihuahua concentran 50% de los homicidios contra policías.

“Es muy grave que estén asesinando a los policías y que no tengan ninguna importancia ni para los ciudadanos y menos para la autoridad”, lamentó.

La activista pidió al Jefe del Ejecutivo federal implementar acciones para fortalecer a los policías, “porque al final del día son los que deben cuidarnos, independientemente de la Guardia Nacional y que tendremos a los militares en las calles del país durante los próximos cinco años”.

Advirtió que si los tres niveles de gobierno no son capaces de reconstruir una policía civil, “entonces habremos fracasado en esto”.

Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le apostó a la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo, criticó, en prevención y procuración de justicia no se ha establecido un esquema de políticas públicas.

“En prevención todavía no tenemos definido; en seguridad, la definición fue la Guardia Nacional; en procuración de justicia tampoco vemos un esquema definido, ya hay fiscal general; sin embargo, no hay presupuesto para la transición de procuraduría a fiscalía, falta determinar esta transición.

“Y de sistemas penitenciarios todavía no se ha hablado”, consideró.