Un juzgado federal dio luz verde a la Fiscalía de Veracruz para llevar a cabo los trámites ante el Gobierno federal con el objeto de que Guatemala autorice que Javier Duarte sea juzgado por el delito de desaparición forzada.

El Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México sobreseyó o desechó por notoriamente improcedente el amparo promovido por el ex Gobernador de Veracruz para detener dichas gestiones, al estimar que no le causan agravio personal y directo.

Otro argumento fue que los trámites impugnados ni siquiera son parte de la fase inicial del proceso de extradición, ya que no corresponde a la autoridad estatal pedir el permiso de Guatemala, sino a la hoy Fiscalía General de la República (antes PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"La solicitud aislada del fiscal de incorporar un diverso delito a la petición inicial de extradición, no es un acto unilateral cuyo efecto sea la lesión real y actual de algún derecho fundamental o subjetivo", dice la resolución.

Duarte fue extraditado por Guatemala el 17 de julio de 2017 para que fuera imputado en México por tres expedientes penales, uno federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos del fuero común por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

En el primer caso, le reclasificaron el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa y fue sentenciado a 9 años de prisión; en cuanto a los otros asuntos, continúa vinculado a proceso.

El 6 de junio de 2018 un juez de Veracruz ordenó la captura de Duarte por desaparición forzada de personas, por su supuesta relación con el hallazgo de 19 cadáveres en Barranca de la Autora, Emiliano Zapata, ya que las autoridades sólo reportaron haber encontrado 6 cuerpos.

Al día siguiente, la Fiscalía de Veracruz presentó a la PGR y la Cancillería su solicitud para pedirle a Guatemala que agregara este delito a la orden por la cual el ex mandatario fue extraditado.

Es por ello que Duarte presentó su amparo el 3 de julio contra dicha solicitud, mismo que ahora le ha sido negado por improcedente.

"La solicitud que realizara el Fiscal General del Estado de Veracruz (...) no es suficiente en principio, para poder estimar que el proceso de extradición haya iniciado en torno a esa conducta delictiva", señala el fallo.

Debido a que el veracruzano no presentó un recurso de revisión contra el desechamiento, pueden continuar con los trámites para buscar el permiso de Guatemala para pedir su procesamiento por un nuevo ilícito.