El desfalco de Veracruz fue planeado por Javier Duarte de Ochoa muchos años antes de tomar posesión como Gobernador del Estado y de común acuerdo con su esposa Karime Macías, confirman documentos de la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar de que Javier Duarte de Ochoa sólo fue condenado a nueve años de prisión por el desfalco de menos de 250 millones de pesos, las investigaciones de la FGR y sus testigos protegidos confirman que la única motivación para ser Gobernador de Duarte de Ochoa, siempre fue el robo de los recursos públicos.

Documentos en posesión de CENTRAL FM, demuestran cómo desde el primer día de gobierno de Duarte de Ochoa, el 1 de diciembre de 2010, todos los secretarios de estado tenían órdenes de desviar los recursos federales a cuentas concentradoras.

Los cómplices para esta tarea nombrados en los documentos de la Fiscalía General inician con el secretario de finanzas y planeación Tomás Ruíz González, quien diseñó un esquema para otorgar compensaciones a los secretarios y subsecretarios del gabinete duartista que equiparara sus salarios con los funcionarios federales, primero del Presidente Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto.

“Este fondo especial era conocido como ´los tacos´ y estos fondos eran repartidos por Tomás Ruíz únicamente a secretarios y subsecretarios. Este dinero provenía de la operación dentro de cuentas concentradoras de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Educación”, establece en una declaración el ex tesorero duartista Tarek Abdalá.

En el “menú” del desfalco financiero existían claves para los diferentes niveles de robo al erario público. De esta forma Javier Duarte solicitaba a Abdalá Saad “pizzas” y cada una de ellas tenía un valor económico.

“Otro comportamiento o conducta irregular por parte del Gobernador, era instruirme a que le mandara lo que él denominaba pizzas, esto significaba millones de pesos en efectivo, es decir, una pizza implicaba o era equivalente a un millón de pesos en efectivo.

“Cien mil pesos eran ´invidentes´. Me decía por ejemplo, mándame tres ciegos o invidentes. Lo que significaba trescientos mil pesos, y entonces sin decirme para qué, porque nunca me decía, yo le mandaba esos recursos”, reveló Abdalá Saad.

La red de la delincuencia

Para darle forma a esta serie de desvíos, Duarte de Ochoa tuvo como cómplices, según los documentos de la FGR, a los secretarios de finanzas Tomás Ruíz González, Salvador Manzur, Carlos Aguirre, Fernando Charleston, Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pellegrin.

Los subsecretarios de finanzas Gabriel de Antes, Sergio de la Llave y Carlos Hernández, siempre estuvieron enterados de los mecanismos utilizados para pagar a empresas fantasma.

“Todos ellos conocían las prácticas respecto a la manera en que se desviaban los recursos y no sólo eso, sino que las aprobaban y en ocasiones se beneficiaban económicamente de las mismas”, declaró el testigo protegido Abdalá.

Al listado que la FGR sigue con la investigación abierta se suman los titulares de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Adolfo Mota, de Desarrollo Social (Sedesol), Alberto Silva Ramos, de Protección Civil (PC), Nohemí Guzmán Quirasco, de Salud Fernando Benítez Obeso.

Entre los operadores financieros de Duarte de Ochoa, la Fiscalía General tiene identificados como sujetos de interés a Moisés Mansur Cisneyros, Juan Manuel del Castillo, Jesús Moreno, Caleb Navarro, Vicente Benítez, Harry Grappa Guzmán, Juan José Janeiro, entre otros investigados.

La FGR investiga además la red de vínculos de la esposa de Duarte de Ochoa, que hasta el momento es similar a lo robusta de su esposo, pero que avanza a otro ritmo por parte del equipo de fiscales encargados de darle curso.

Las autoridades mexicanas han logrado detectar que un sinnúmero de empresas fantasma fueron preparadas desde el inicio de la administración y existían paquetes de ellas, con documentos facilitados por los operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las empresas eran creadas por internet, aprovechando la debilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que no acostumbraba verificar personalmente una alta realizada por este medio.

Utilizando los padrones priístas y de los diferentes programas de desarrollo social o familiar del Gobierno del Estado, un grupo de “arquitectos” se encargaba de crear las empresas, con todas las identificaciones y firmas de los beneficiarios.
Ellos mismos daban de alta cuentas bancarias, facturaban, cobraban y transferían recursos a nombre de otras personas, con supuestos poderes para realizar actos de cobranza.

“Respecto a los pagos a proveedores y empresas fachada, la manera en que esto funcionaba era de la siguiente forma: una vez a la semana, a veces más recibía una instrucción directa del Gobernador, quien me llamaba desde su blackberry, teléfono rojo o red de Gobierno o desde su casa para que le enviara dinero a determinados proveedores.

“El le llamaba cascarones. Por ejemplo, él me decía que necesitaba que le mandara 60 cascarones y recibía del señor Moisés Manzur una lista que contenía nombres de empresas y montos asignados a cada una”, describe Abdalá a la FGR.

(Con información de Víctor Hugo Arteaga)