Cada candidato a la Presidencia de la República en 2018 podrá gastar en campaña hasta 429 millones 633 mil pesos, límite aprobado ayer por la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así, se perfila que el tope para el financiamiento privado que podrá recaudar quien aspire a la candidatura presidencial independiente sea hasta por 214.8 millones de pesos.

Esa cifra equivale a la mitad del tope de gasto de campaña presidencial y según el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esa proporción permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público exclusivamente para los candidatos independientes, de modo que puedan contender en condiciones de equidad con candidatos de partido.

Ayer, la Comisión de Prerrogativas fijó los topes de gastos de campañas federales de 2018, mismos que serán votados por el Consejo General del INE la próxima semana.

Además, el INE instruyó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a establecer los límites al financiamiento privado para las candidaturas independientes.

El acuerdo avalado establece que el tope de gastos de campaña presidencial es de 428.6 millones, lo que permitiría a cada abanderado presidencial un ritmo de gasto de hasta 4.7 millones de pesos diarios durante 90 días.

El límite de gastos para las precampañas presidenciales, que duran 60 días, es de 67 millones 222 mil pesos.

El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría es de un millón 432 mil pesos, en tanto que para el periodo de precampaña el límite será de hasta 252 mil pesos.

Las fórmulas de mayoría al Senado contarán con un tope de gastos que va de 4.2 millones de pesos en el caso de la campaña más austera, en Tlaxcala, a 28 millones 642 mil pesos que podrán gastar quienes compitan por un escaño del Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México o Jalisco.

En esas entidades, el tope de gastos de precampaña será de hasta 4.4 millones de pesos.

Ayer, la comisión aprobaría los criterios de paridad que establecerá para el registro de candidaturas federales, y el instructivo para registrar coaliciones, pero postergó ambos.

El consejero Benito Nacif, presidente de esa comisión, expuso que se busca acelerar la meta de integrar el Senado y la Cámara de Diputados con paridad, por lo que adicionalmente a lo que marca la ley, 50-50 en las postulaciones, se sugerirán tres medidas de acción afirmativa de género y una para ampliar la presencia legislativa indígena.

Para paridad horizontal y vertical en el Senado se pretende exigir que la lista de representación proporcional que presenten los partidos tenga que estar encabezada por una fórmula de mujeres. Así, si los partidos ganan espacios en número non, siempre habrá una mujer más. Respecto a las 32 fórmulas al Senado de mayoría se propone que todas sean fórmulas mixtas (hombre-mujer) y que la mitad estén encabezadas por mujeres y la otra por hombres.

Para integrar la Cámara de Diputados se plantea a los partidos que de las cinco listas correspondientes a las circunscripciones de representación proporcional, tres sean encabezadas por un género y dos por otro, “dejando a los partidos la libertad de decidir si son tres mujeres u hombres encabezando listas”.

Sobre curules indígenas, Nacif dijo que dado que hay 28 distritos indígenas, los partidos deberán escoger al menos 12 y postular a personas que se autodescriban como indígenas, seis mujeres y seis hombres.