Al presentar su renunciar a la Procuraduría General de la República (PGR), a poco más de 11 meses de haber asumido el cargo, Raúl Cervantes Andrade dejó en claro que “no tiene ninguna aspiración”, y que en la definición de la Fiscalía General de la Nación quedó claro que debe ser una institución “autónoma, que se dedique con eficacia e imparcialidad a la persecución de delitos y que, a la par, deje de ser representante legal del Ejecutivo federal”.
Ante la Junta de Coordinación Política del Senado, Cervantes Andrade destacó la embestida en su contra por sus “supuestas aspiraciones”, registradas en agosto en medio del debate suscitado por el perfil que debe tener el Fiscal de la República.
“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos y no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”.

“No tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, dijo el priísta al referirse por primera vez al tema.

No se trata de personas, “se trata de construir mejores instituciones”, aseguró Cervantes Andrade, quien afirmó que el Congreso no se “equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una fiscalía autónoma. Dados el contexto nacional y la experiencia internacional, la fiscalía general de la nación es una decisión correcta para que, con completa autonomía, los fiscales o Ministerios Públicos puedan decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. Y que los titulares sean los que impulsen las políticas públicas en materia de criminalidad”.

Sólo así, añadió, se podrá brindar en el país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que, en muchos casos, no avanzan.

Dijo que estos cambios son parte de un nuevo esquema institucional que se ha venido construyendo y que incluye la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la reforma y avances correspondientes a los derechos humanos, y la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante su salida, el despacho quedó a cargo del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia, Alberto Elías Beltrán.

Investigaciones. En la reunión privada con senadores de todos los partidos políticos, el priísta anunció que la Procuraduría General de la República concluyó las indagatorias sobre los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre lo que estaría el ex director de la empresa, Emilio Lozoya Austin.

“El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, subrayó.

Explicó que se trata de “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”.

El senador con licencia señaló que “sólo se pudo avanzar gracias a la confianza que se ha forjado con varios de nuestros pares en el extranjero, por lo que desde aquí les agradezco”.

Cervantes Andrade presumió que durante su administración se elaboraron varias investigaciones y se vinculó a proceso a funcionarios que se sentían intocables. Omitió señalar por nombres a los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, entre otros.

“Ahí están los casos de varios ex gobernadores que, sin distingo partidista, ahora enfrentan a la justicia mexicana por los abusos y excesos que cometieron con recursos públicos. Alcaldes que pactaron con la delincuencia, también han sido procesados”, destacó.

La reforma. El ex funcionario urgió a diseñar e implementar un nuevo modelo de procuración de justicia que resulte funcional y útil para satisfacer las necesidades del México actual.

Dijo que para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere ser más eficientes y tener un compromiso indeclinable.

“Hoy se trabaja con herramientas para combatir los delitos, pero, a veces, con una mentalidad del siglo pasado, cuando se enfrentan elaboradas tramas de corrupción, terrorismo y contrabando internacional de armas, cárteles cuya presencia se extiende panregionalmente, delitos ambientales que atentan contra el futuro sustentable de nuestro país, agresiones a periodistas, ciberataques para robar información sensible a empresas y gobiernos, y delitos electorales en los que se usan indebidamente recursos públicos”.

Señaló que en 10 días se presentarán a la Suprema Corte, al gabinete de seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la academia y a la opinión pública las conclusiones de la consulta nacional Construyamos Justicia.

“En este documento se abordan a detalle los retos y requerimientos necesarios para hacer avanzar la justicia en el país. Este estudio permitirá mejorar nuestra legislación federal, pero también homologar los códigos penales de los estados, para, con todo ello, armar el andamiaje de las nuevas instituciones encargadas de la procuración de justicia”, apuntó.