Todos los gobiernos estatales deben regresar 2 mil millones de pesos que en conjunto recibieron como subsidio del Programa Nacional de Prevención que no gastaron, o de lo contrario la Secretaría de Gobernación deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de la totalidad de los recursos que ejerció Gobernación para el Programa de Prevención en 2016, al cual se le autorizaron ese año 2 mil 15 millones de pesos. Ya para 2017 y 2018, ese programa no tuvo asignación de presupuesto.

Gobernación detectó irregularidades de los 32 gobiernos estatales en el ejercicio de los subsidios de ese programa por 2 mil 25.5 millones de pesos, e incluso recomendó al área correspondiente que en caso de persistir los incumplimientos se informe a la ASF o a la Dirección Jurídica de la dependencia para actuar contra ellos.

Según una auditoría interna elaborada en 2017 por el Órgano Interno de Control al ejercicio presupuestal del programa correspondiente a 2016, todos los gobiernos estatales deben restituir a la Tesorería de la Federación los subsidios que se les transfirieron, pero no se comprobaron o justificaron.

En la auditoría 02/2017 al ejercicio de los recursos del programa se detectó que no se restituyeron subsidios no comprobados por 375.1 millones de pesos entregados en 2015 a Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México.

Mientras Michoacán y Yucatán no presentaron evidencia documental del reintegro de 5.4 millones de pesos.

En cuanto al ejercicio 2016, hay observaciones por 337.2 millones de pesos por subsidios entregados a Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Querétaro, Yucatán y Ciudad de México sin comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación.

Otra recomendación involucra un monto de mil 313.2 millones de pesos entregados como subsidios a 26 entidades federativas, con observaciones a 14 de ellas.

En esa observación se incluye a los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.

También a los de Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, los cuales remitieron documentación comprobatoria sobre el ejercicio de los recursos, pero se comunicó a 14 entidades de diversas operaciones relacionadas con el acta de cierre, el reporte de avance en la aplicación de los recursos y el comprobante de reintegro a la Tesorería de la Federación.

En otra auditoría, ésta al desempeño del programa 13/2017, el Órgano Interno de Control concluyó que hubo un incumplimiento parcial y, por tanto, también en las metas de mejorar las condiciones de seguridad pública.